Después del cese comercial, la Mesa de Enlace volvió a mandar una carta a Yauhar. El ministro sólo aceptaría dialogar por separado con las entidades.
El listado de 21 puntos que las entidades de la Mesa de Enlace confeccionaron para tratar con el ministro Norberto Yauhar, titular de la cartera nacional, de momento no tienen un interlocutor. La aspiración de los dirigentes, por mandato de los productores, es que la mesa en pleno vuelva a las oficinas de Paseo Colón, en Buenos Aires.
Después de finalizado el paro comercial de una semana, que se hizo notar con una menor actividad en los mercados concentradores de granos y productos pecuarios, y con algunas movilizaciones, Yauhar hizo saber que recibirá a las cuatro entidades por separado, con la idea de discutir un “pacto agrario nacional de tres o cuatro puntos técnicos”.
Tras la acción gremial de protesta, las entidades dejaron planteado un compás de espera y decidieron el envío de una nueva carta al ministro de Agricultura, reiterándole el pedido de audiencia que le habían hecho llegar en las semanas previas, el 24 de mayo.
Las entidades le recordaron la intención del funcionario de constituir una Mesa Política Agropecuaria para abordar en ese ámbito las diferentes inquietudes y problemáticas del sector.
Urgencias. En la nueva nota, los líderes de la Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales y de la Sociedad Rural Argentina expresan la “profunda preocupación por las serias dificultades de comercialización y competitividad, sumadas a las adversidades climáticas, que atravesó y atraviesa el sector agropecuario, resultando indispensable tratar en forma urgente las políticas agropecuarias que permitan desarrollar el gran potencial del sector”.
La lista que la Comisión de Enlace mandó al escritorio de Yauhar contempla un abanico amplio, referido a las economías tanto de la zona núcleo agrícola y ganadera, como de las economías regionales.
Los títulos proponen considerar las políticas referidas a financiamiento, capital de trabajo e inversiones, comercialización, arrendamiento de tierras y también las de corte impositivo (la última chispa que encendió el conflicto en la provincia de Buenos Aires por el revalúo inmobiliario impulsado por el gobernador Daniel Scioli).
La protesta de los bonaerenses sirvió de gatillo para que, de inmediato, las centrales rurales decidan dar un alcance nacional a los reclamos.
Pero esta semana, la dirigencia optó por pedir audiencias en ambos estamentos, ante Agricultura y también con el gobernador bonaerense para dar lugar a una tregua, aunque el sector seguirá en estado de asamblea.
En Córdoba, los productores le facturan al ministro Yauhar haber anunciado ayuda financiera por 1.500 millones de pesos, para mitigar el impacto de la sequía, y que ésta no se concretó. Cuando se pidió la homologación de la emergencia, la Nación argumentó un tratamiento “caso por caso”, un filtro que pocos eludieron.
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