Juan José Reyes - Si la empresa no cumple, la Provincia queda facultada a solicitar la rescisión del contrato. Sin embargo, por Resolución 37/12 se autorizó al concesionario a subir un 30% sus tarifas máximas.
Hace unos días, después de que los medios de nuestra provincia informaran sobre los más de 200 millones de pesos que costó la Zona Franca (ZF) desde su creación hasta la fecha, los paupérrimos ingresos de 9 mil pesos anuales y los gastos por 1,3 millones de pesos este año, salió el titular del Comité de Vigilancia de la ZF, Germán Holgado, a corroborarlo. No solo confirmó la validez de los datos vertidos, además afirmó que el concesionario fue multado hace tiempo atrás en 100 mil pesos y nunca los pagó y que la concesión corría riesgos de proseguir en esa tesitura de desinversión.
Lo que no dijo Holgado fue que pocos días antes del reportaje, el organismo que dirige había intimado fuertemente a AA 2000. ¿Por qué no lo dijo? Simple: en el mismo momento se le autorizó un incremento en los precios a cobrar ante cada servicio prestado a las firmas allí asentadas. En total, en la ZF de General Pico se instalaron sesenta empresas, cuarenta usuarios directos y veinte indirectos, con una dotación de 250 empleados, que de ahora en adelante deberán oblar un 30% más por estar allí radicadas.
Un 2012, sin inversión. ¿Y 2013?
El Plan de Inversiones 2012 presentado por AA 2000, mediante Nota 68/12 del 12 de octubre pasado, es "insuficiente e incorrecto" para el Comité de Vigilancia (CdV). Tal es así, que el organismo que regula la Zona Franca asegura que ese documento no acredita el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión. Por ese motivo, la concesionaria fue intimada "a presentar las correcciones y ampliaciones" del plan y a presentar el correspondiente a 2013 dentro del plazo perentorio de diez días, el cual vence hoy lunes.
La intimación exige que el plan se ajuste estrictamente a los precedentes considerandos y a la Resolución General 34/12. También se le hizo saber que "el CdV evaluará el plan que se presente, valorando la existencia de una planificación urbana y proyectada destinada a la promoción y desarrollo real de las operaciones y actividades de la ZF, a efectos de determinar el cumplimiento o no de las obligaciones mencionadas, en caso contrario se aplicarán las sanciones previstas en el contrato de concesión y normas superiores".
Según el Comité, "el incumplimiento de lo dispuesto, en cualquiera de sus partes, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el contrato de concesión y normas superiores, teniéndose por efectuada la intimación en los términos del artículo 16.6 del contrato de concesión. El artículo 20 de la Ley 24331 establece que el Concesionario tiene la obligación de urbanizar, proyectar y construir edificios para las distintas actividades permitidas en la ZF, además de promover y facilitar el desarrollo de las operaciones, negociaciones y actividades. Dentro de aquello también debe remitir la información necesaria al Comité de Vigilancia. De reiterarse las multas y los incumplimientos podría llegarse en breve tiempo a la rescisión del contrato firmado el 6 de noviembre de 1998 entre la provincia y el concesionario.
Nunca pagó y menos ahora.
Para el CdV el concesionario incumple, no solo con las multas aplicadas, sino con la planificación anual. Pretende extender el plan de inversiones a los períodos anuales comprendidos entre 2012 y 2016. Tal situación afecta en forma directa al usuario Geomiel SA (carece de especificación seria y clara sobre el monto de dinero de esa inversión previsionada) y al usuario Tapamar SA por similares motivos. Para el titular del Comité, AA 2000 incumple con la disponibilidad inmediata de infraestructuras como depósitos y oficinas. Entienden que tales instalaciones no están en condiciones de utilización para que potenciales usuarios interesados puedan funcionar allí. Entre las fallas está la falta de información acerca de inversiones realizadas como la de un complejo de oficinas de 80 metros cuadrados comprometidos. Por tal motivo se lo intimó a especificar cuáles son las previsiones de inversión para el presente ejercicio no cumplidos y en qué se pretende invertir durante 2013, pero por separado, siendo un plan diferenciado para cada periodo anual. Cuando el Grupo Eurnekian informe que en el Plan de Inversiones hay instalaciones aptas para su utilización, debe tratarse de instalaciones que se encuentren en condiciones de uso inmediato para el usuario que solicita radicación o para usuarios radicados que requieren infraestructuras de mayores o menores dimensiones. Todo aquel pedido de aclaración se dictó en ejercicio de las funciones conferidas por Decreto 368/99 del PEP.
Tarifas para arriba.
Si bien el artículo 29 de la Resolución (MEyOSP) 286/96, que regula sobre las tarifas a aplicar por el Concesionario, establece que aquellos aplicarán en forma estricta las tarifas aprobadas por el CdV, ello ha sido el argumento de AA 2000 para no invertir. Pero el Contrato de Concesión establece en su artículo 21: "Los precios máximos por los servicios suministrados por el Concesionario, por sí o por terceros, serán los establecidos en el Anexo II 'Cuadro Tarifario Máximo' del presente Contrato".
El Concesionario mediante la Nota 60/12 y sus complementarias, 83 y 85 de este año, ya venía solicitando nuevas modificaciones al Cuadro Tarifario Máximo, aduciendo quebrantos por las tarifas pesificadas y no actualizadas desde el año 2002, en la explotación de aquel polo industrial. La resolución establece: "la suba solicitada por el concesionario responde a razones atendibles atento que por el tiempo transcurrido desde que se aprobaron las tarifas actualmente en vigencia en razón de los mayores costos que en este momento insumen los servicios que presta, más la inflación reinante en la economía que lleva a incrementar las erogaciones de algunos de los componentes de los servicios prestados".
Por tal motivo -y de manera excepcional-, se autoriza un incremento del 30%, con excepción de dos ítems que se rigen por porcentajes. La suba fue ratificada por la Resolución 37/12.
"No es un negocio inmobiliario".
La Zona Franca de General Pico es para el gobierno la plataforma de lanzamiento de un desarrollo industrial y "no un negocio inmobiliario". Esa es la interpretación que hace el ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, sobre ese emprendimiento por el que el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 sólo paga nueve mil pesos de canon anuales.
Luego de conocerse a través de los diversos medios los exiguos números que reporta la ZF, el funcionario reconoció que están desfasada la estructura tarifaria de los servicios, concretamente inamovibles desde la salida de la convertibilidad, pero enfatizó que "el objetivo no es que la Provincia haga un negocio de acuerdo a lo que cobra, sino que sea un emprendimiento atractivo para los inversores y que se radiquen allí generando fuentes de empleo".
Ferrán explicó que hace seis meses se reunieron con el responsable local de AA 2000 y que al hacérsele notar las quejas de los usuarios de la ZF (alrededor de 60 empresas que ocupan 250 personas) por el deficiente trato que reciben de la concesionaria, éste se comprometió a mejorar la calidad y multiplicar los esfuerzos para concertar el interés de eventuales inversores.
"Por estos días volveremos a reunirnos e insistiremos con la responsabilidad que tiene la empresa, más allá de reconocer que se deben actualizar algunos valores, pero que esto no es impedimento para que la ZF sea vendida como merece. Si esto no ocurre, bueno, tenemos recursos extremos para intentar corregir la situación", añadió Ferrán, sobre una posible rescisión del contrato con la empresa del Grupo Eurnekian, aunque aclaró que "sería un recurso extremo, antes esperamos que la empresa cumpla con sus obligaciones".
Fuente: La Arena.-
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