El Pro, en la provincia, se plegó a la estrategia de su jefe político, Mauricio Macri, que planteó una normativa funcional al Grupo Clarin y denunció el supuesto hostigamiento del gobierno nacional a los periodistas independientes. “En La Pampa puede no haber amenazas, pero puede haberlas en el futuro”, justificó el diputado Darío Casado.
El diputado del Pro, Darío Casado, presentará este miércoles un proyecto de ley en la legislatura provincial inspirado en el decreto de necesidad y urgencia que impulsó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en defensa del grupo Clarín. “Hay indicios de intentos del gobierno de avanzar sobre la libertad de prensa”, dijo este martes en conferencia de prensa.
El DNU de Macri prevé la creación del régimen de defensa de la Libertad de Expresión, con un fuero judicial especial y la imposibilidad de embargar bienes a los medios por deudas impositivas. Si bien Casado no dio a conocer la letra de su proyecto, dejó en evidencia que es una copia fiel.
Macri lo presentó la semana pasada, en medio de una serie de rumores sobre una supuesta intervención en el Grupo Clarín por parte del Ejecutivo Nacional. En paralelo, se presentaron proyectos para establecer leyes similares en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
“En La Pampa puede no haber amenaza concreta hoy, pero puede estar en el futuro”, dijo Casado, acompañado por el presidente del partido en la provincia, Martín Ardohain y el apoderado legal Hugo Benzoni. “Es un proyecto que fortalece el espíritu de la Ley de Medios. Tiende a garantizar la pluralidad de voces, asegurar la independencia periodística. Y evita potenciales deformaciones que tiendan a acorralar a la prensa pampeana”, dijo el presidente del Pro local.
“Algunos de los medios que quizas nos critican por presentar esta salvaguarda a los derechos civiles, son los mismos que durante algunos gobiernos provinciales sufrieron arremetidas que pusieron en peligro su funcionamiento. En La Pampa sabemos bien lo que es no poder acceder a la televisión pública, tenemos el ejemplo en Canal 3. El monopolio del estado cierra la puerta a dirigentes opositores y cientos de periodistas críticos de la realidad pampeana”, completó.
Por su parte, Casado reconoció que las garantía de la libertad de expresión está consagrada por la constitución nacional. “En este caso parece redundante. Lo concreto es que, si bien eso es asi, ha habido indicios muy concretos de intentos del gobierno nacional de vulnerar las garantías individuales”, alertó.
Según el diputado de Realicó, “son situaciones excepcionales, no normales, que funcionarios del gobierno nacional, por ejemplo en el caso de (Guillermo) Moreno y (Axel) Kiciloff se presentan en la asamblea de un medio en forma prepotente, imponiendo condiciones, utilizando artilugios y trampas”.
Casado defendió la posibilidad de que se sancione este tipo de ley en la provincia porque, según dijo, no se ha delegado en la Nación la facultad de regular la libertad de expresión.
A partir de esta interpretación, en el proyecto se plantea que “todo lo que tiene que ver con el trabajo, las cámaras, los celulares, los ámbitos de trabajo (de la prensa), no puedan ser embargables, ni ser sometidos a ningún tipo de requisa especial bajo ninguna norma, para preservar que las personas y los medios, que son parte fundamental de la república, se puedan expresar libremente y sin presión”.
Por otra parte, también fustigó acciones del gobierno, como la televisación del fútbol nacional, ya que, dijo, “me gusta ver el fútbol y no la tribuna, pero no estoy de acuerdo con que en la transmisión te bombardeen con información que no comparto, y a veces es falsa, porque inauguraron una ruta como 25 veces”.
“Bombardean a la ciudadanía con una visión parcial de la realidad. No debe ser así”, sostuvo.
Finalmente, el legislador consideró una “asignatura pendiente” la falta de regulación de la distribución de la pauta publicitaria en la provincia y adelantó que podría formar parte de un segundo proyecto de ley. En ese orden, dijo que en el ámbito municipal y provincial se premia y castiga a medios adictos o críticos a través del uso discrecional de esos recursos.
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