El fiscal federal , Jorge Bonvehí, inició el jueves una causa por sedición. Pidió a los medios de comunicación fotos y filmaciones para identificar a los uniformados que participaron del acuartelamiento en la Jefatura.
El fiscal federal, Jorge Bonvehí, confirmó a El Diario que inició el jueves último una causa de oficio, por el delito de sedición, a los policías que se acuartelaron en el edificio de la Jefatura de la Policía de La Pampa desde el miércoles por la noche. "Es una investigación preliminar para determinar quienes participaron en los hechos. En función de ello, se resolverán las medidas del caso", dijo este viernes.
"Una de las medidas que tomamos es solicitar a los medios de prensa los documentos gráficos que nos puedan proporcionar sobre estos hechos", señaló.
El funcionario judicial sostuvo que hay indicios de que los amotinados incurrieron en el delito de sedición, que figura en el artículo 229 del Código Penal.
"Habrá que determinarlo a través de la investigación", indicó Bonvehí, que actuó como fiscal de primera instancia, aunque por estos días también está subrogando la fiscalía general.
"La primera medida es para individualizar a las personas que han participado. Después se tomarán otras más. Se recabarán testimonios y demás pruebas necesaria. Actué de oficio, ante las noticias de los hechos", prosiguió. "Uno ve la noticia, en base a eso surge la presunta comisión de un delito. Se pone en conocimeinto del Juzgado Federal y de la fiscalía de la Cámara de Bahía Blanca por ese motivo", explicó los pasos del expediente.
Bonvehí señaló que se abrieron causas similares "en otras provincias" e "inclusive la Procuración creó una comisión de fiscales para este tipo de hechos días pasados".
Finalmente, el fiscal dijo que el llamado a declaración indagatoria de los involucrados es un paso que se deja para cuando la causa avance y tenga elementos suficientes. "Esa es una investigación preliminar", indicó.
La decisión de Bonvehí se tomó con el telón de fondo del reclamo del gobierno nacional de que se investiguen este tipo de hechos, que en otras provincias tuvo también saqueos ante la falta de actividad policial. Este mismo viernes el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, volvió a reclamar la investigación judicial de los hechos de violencia y los conflictos policiales desatados en algunas provincias la última semana para determinar autores "materiales" e "intelectuales", y sostuvo que, aquí, "nadie puede lavarse las manos".
En este sentido, Capitanich sostuvo que las fuerzas de seguridad de algunas provincias no sólo "no cumplieron con su deber de salavaguardar la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos sino que, además, han promovido directa e indirectamente saqueos".
Según el Código Penal, sedición es la insurreción tanto de una fuerza armada o de un grupo de personas que, atribuyéndose los derechos del pueblo, buscara deponer algún poder público o peticionar en su nombre, violando el principio democrático que consigna que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución.
Tal como lo disponen los artículos 229 y 230, la sedición está castigada con prisión de 1 a 6 años para quienes armen una provincia contra la otra sin rebelarse contra el gobierno nacional, "alzándose en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir aunque sea temporalmente, el libro ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley".
En tanto, se establece una pena de 1 a 4 años en la cárcel para aquellos individuos de una fuerza armada o reunión de personas que peticionarán en nombre del pueblo, y en el siguiente inciso, se aclara que también para aquellos que participen de un alzamiento público con el objetivo de impedir la ejecución de leyes y resoluciones, tanto nacionales como provinciales.
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