Sin cambios de política con el nuevo gabinete.

Buenos Aires, noviembre 30 (PR/13)  -- Expresé al cierre de la campaña electoral que la
situación del sector y del interior era mucho más grave que la planteada por la resolución 125, en 2008, cuando reaccionaron (en el campo) en conjunto.
   A pesar de esa situación, ni desde el oficialismo, ni desde los
partidos de la oposición se escucha ninguna propuesta de política
macro y sectorial que permita empezar a corregir las graves
distorsiones económicas que está soportando el sector
agropecuario, especialmente las economías regionales.
   La idea es que se materialice lo antes posible una política
para poder salir de la actual distorsión de precios relativos y
volver a producir competitivamente, con el fin de aumentar las
exportaciones que generen más dólares genuinos a las ecuánimes
arcas del Banco Central.
   Tanto el nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich,
como el ministro de Agricultura de la Nación, ingeniero Carlos
Casamiquela, me consta que conocen muy bien el sector y saben
perfectamente qué hay que hacer para permitirle al sector poder
expresar todo su potencial de producción.
   No lo digo por lo que hicieron en el último tiempo. Lo afirmo
por sus amplios conocimientos del sector y el trabajo en cadenas
productivas que se han desarrollado en el interior en forma
incipiente, que serán las bases fundamentales de los clúster
regionales para poder terminar con las erráticas políticas de
concentración que explosionan cada diez años.
   El diagnóstico de la capacidad de producción que tendría el
sector agropecuario y agroindustrial ya está suficientemente
definido.
   Surgió en las conclusiones del Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA), como antes lo había realizado la Fundación
Producir Conservando, entidad que sí definió que aumentando la
superficie de siembra en 10% y usando las políticas que aplican
los productores de punta, la producción del país podría superar
las 150 millones de toneladas en pocos años, siempre que se lo
acompañe con inversiones en infraestructura en general que se
necesitan, para poder producir y exportar en forma competitiva al
mundo.
   Por lo tanto ¿Qué es lo que necesitamos definir para superar
las 100 millones de toneladas y llegar en algunos años a las 150?
Lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo en forma definitiva
todos los sectores privados y los políticos, que es la única
política que nos va a permitir llegar a dichas metas.
   Es trabajando y produciendo con una economía abierta al mundo,
con políticas cambiaras uniformes y competitivas, sin ningún
impuesto distorsivo del federalismo y el funcionamiento pleno de
una libre competencia de todos los actores.
   En el mundo, el objetivo de producir y aumentar la producción
de alimentos en cantidad y calidad no tiene ideología.
   Está demostrado que cuanto mayores sean las exportaciones de
cualquier alimento mejor vamos a atender el consumo interno con
cantidad y calidad.
   Por lo tanto mi propuesta para la actual coyuntura sería poder
avanzar por lo menos en el aumento de la productividad en el
ciclo 2013-2014 por un mayor uso de insumos sensibles.
   Para darle una señal a los otros sectores productivos, habría
que  eliminar los impuestos por exportar -mal llamado derechos de
exportación– a todas las producciones del país, salvo a la de
soja, en la que se debería avanzar en una reducción escalonada en
los próximos ciclos.
   Dicha propuesta representaría solamente una reducción de
ingreso por impuestos por exportar de 1700 millones de dólares
incluyendo 200 millones de dólares por aplicación de los
reintegros a las producción exportadas con valor agregado.
   El sacrificio fiscal que representaría este incentivo
del Estado se debería compensar con mayor endeudamiento
internacional, como una forma de poder revertir en forma urgente
la situación de quebrantos de todas las economías regionales como
de las otras producciones, con la única exclusión de la producción
de soja.
   Sería una mejora muy importante para muchos productores y
producciones y un mensaje muy concreto del nuevo gabinete de que
empezó a cambiar política para el sector.
   El interior no tiene más capacidad de pago y está trabajando
con márgenes negativos, como lo saben muy bien los nuevos
funcionarios.-

Presupuesto 2014: Se podría evitar una filtración de cien millones de dólares.

El tratamiento impositivo preferencial al gasoil importado, en detrimento de la producción nacional de biocombustible, ocasionaría una pérdida de ahorro por más de 500 millones de pesos y facilitaría la salida de 500 millones de dólares del país a valores actuales.

La construcción de 3,5 nuevos hospitales materno-infantil, con capacidad para atender a una población de más de un millón de habitantes, o 125 nuevas escuelas secundarias para 45.000 alumnos o la incorporación de otros 105 mil beneficiarios a la Asignación Universal por Hijo podrían realizarse con el ahorro de casi cien millones de dólares en el proyecto de Presupuesto Nacional si se alineara el tratamiento promocional tributario del gasoil importado al biodiesel nacional.        Adicionalmente se evitaría la salida de 522 millones de dólares de las arcas del Banco Central.        Luego de un análisis efectuado del proyecto de Presupuesto Nacional 2014, se detectó que a lo largo del corriente año el gasoil importado puesto en refinería resultó más caro que el biodiesel nacional, sin considerar los impuestos específicos. Esta diferencia se vio acentuada en los últimos meses por la crisis en Siria, que elevó los precios de los combustibles fósiles.        En la actualidad, el gasoil importado está exento del pago de impuestos que suman el 41%, compuesto por un 19 % del Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos y el Gas Natural (Ley 23.966 Texto Ordenado, Título III) y el 22 % del Impuesto a la Transferencia o Importación de Gasoil (Ley 26.028).        Esas exenciones no alcanzan aún a la industria nacional del biodiesel, la que actualmente trabaja con una importante capacidad ociosa del 50 %.        Como consecuencia del incremento del precio internacional del petróleo por la crisis internacional por Siria, muchos países han comenzado a aumentar la adquisición de biodiesel para sus mezclas más allá de los cortes obligatorios, a la búsqueda de compensar la pérdida relativa de dólares de sus reservas.        La Argentina todavía desaprovecha esta situación porque la mezcla de gasoil con biodiesel nacional carece de una clara regulación impositiva que lo exima de los impuestos específicos que gravan a los combustibles fósiles, exenciones de las que sí goza el gasoil importado.        De acuerdo con los primeros cálculos, se estableció que, puesto en refinería, el gasoil importado cuesta en el orden de 870 dólares por metro cúbico y el biodiesel, 710 dólares por metro cúbico, por lo que el ahorro podría ser de 160 dólares por metro cúbico, equivalente al 18,4 %.        De tal manera, se evalúa que la equiparación tributaria del gasoil importado con el biodiesel nacional posibilitaría que esta industria podría colocar durante el próximo invierno unos 200.000 metros cúbicos de biodiesel en la generación eléctrica, otra cifra similar si se elevara el corte con el gasoil de origen fósil del 8 al 10 % y nuevamente un monto igual si se incrementara el corte para la maquinaria pesada agrícola del 8 al 20%.        Se totalizarían así 600 mil toneladas de biodiesel, equivalentes a 531 mil metros cúbicos de combustible (representan el 25 % del gasoil importado hasta junio de este año), por lo que se generarían 96 millones de dólares de ahorro en costos y no saldrían divisas al exterior por 522 millones de dólares, por la importación de gasoil.        De esa manera, la modificación del artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto 2014, el cual especifica la “exención de los impuestos específicos que gravan a combustibles minerales hasta 8,4 millones de metros cúbicos anuales de gasoil importado cuando haya cupos otorgados por la Comisión de Planificación y Coordinación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, posibilitaría igualar las condiciones del biodiesel nacional con el gasoil importado.    Otros beneficios observados son el mayor empleo de la mano de obra argentina así como también de insumos nacionales, la menor oferta de aceite de soja que favorecerá mejores precios de exportación y la menor dependencia energética extranjera, con un producto renovable.        Producción de Biocombustible en la argentina.       La producción en 2009 1.179.150     2010 1.814.902     2011 2.426.682     2012 2.455.138     2013. 815.594. Parcial a junio.       Gas Oil importado       2012. Cantidad en M3 (en miles) 3,312. por 2,741 millones de dólares valor CIF    2013 a junio. 2,142. por 1,798

 SE RESTRINGE INGRESO  DE DÓLARES POR UNA

                MEZCLA CON HARINA DE SOJA.

Nuevamente se produce una distorsión  en los  mercados,  por una norma que permite cobrar un menor impuesto o derecho  de exportación a las producciones de harina soja y maíz, si van mezcladas como alimentos balanceados para animal.  Al crearse una norma específica por la cual se respalda esta ilusión impositiva, se está favoreciendo a un número de exportadores  desconocidos por la opinión pública,  porque no hay información on line para hacerlo.

Pérdidas por más de 120 millones de dólares ocasionó al Fisco, en los primeros seis meses del año, la exportación de una mezcla molida obtenida a partir de granos de maíz y harina de soja, que aprovecha derechos de exportación sensiblemente inferiores con respecto tanto al maíz como a los subproductos de soja.

Los ingresos fiscales perdidos, que ocasionan además un desequilibrio en el comercio exterior, equivalen a 694 millones de pesos, los que representan el 28,5 % del aporte del Estado ($ 2.439 millones) para financiar, según se anunció ayer, la mejora en las asignaciones familiares y la deducción especial que evita el pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores.

Si se confirmara la tendencia y se duplicara en lo que resta del año el incremento de las exportaciones de la mezcla, usualmente destinada como alimento animal balanceado, aquella erogación fiscal conocida en la víspera podría ser cubierta en algo más del 50 % por lo ingresos potenciales obtenidos por los derechos de exportación de este producto.

La mencionada mezcla, que usualmente contiene 5% de maíz y 95% de harina de soja, tributa un derecho de exportación del 5%, mientras el maíz aporta el 20 % de su precio y la harina de soja, el 32 %.

Si ese producto estuviera gravado con un derecho de exportación similar a la harina de soja (32%), el monto por retenciones de los seis primeros meses de 2013 debió haber sido de casi U$S 150 millones aproximadamente, en tanto se habría tributado sólo U$S 20 millones, por lo que la pérdida fiscal habría sido de U$S 130 millones.

Como consecuencia, sólo en el primer semestre del año se exportó de esa mezcla algo más de un millón toneladas cuando durante todo el año 2012 se embarcaron unas 900 mil toneladas y en 2011, un poco más de 500 mil toneladas.

“Si se proyectaran los primeros seis meses de exportación a todo el año y calculásemos una simple duplicación –en realidad, se podría producir una explosión de ventas al exterior de esta mezcla por varios millones de toneladas-, el aumento sería de 127 % con respecto al año pasado y de 258 % en comparación con 2011,” evaluó un analista del sector.

Fuentes del sector señalaron que varias empresas habrían recibido importantes pedidos de cotización por este producto, por lo que se prevé que, de mantenerse la actual situación, las exportaciones ascenderán en breve a varios millones de toneladas, agravando la pérdida comparada de ingresos por retenciones a la exportación.

Los principales destinos de este producto son Chile, Vietnam, Cuba, Holanda, Nueva Zelandia, Uruguay, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Marruecos, Filipinas, Malasia y Taiwán.

Esta situación me hace acordar a un hecho similar que ocurrió hace un tiempo con la harina pre-mezcla para exportar, que se  le agregaba  sal  a la harina y por este motivo recibían un beneficio fiscal desmedido que termino siendo cuestionado por los mismos compradores. Los molinos involucrados tuvieron que discontinuar dicha exportación, porque  provocaron una distorsión en el mercado y  un sacrificio fiscal  muy grande al estado, sin la contraprestación de un mayor  agregado de valor que lo justificara, usado solamente  por  empresarios amigos del gobierno.

Institucionalizarse para recaudar a todos los productores.

  

Han pasado  más cinco años del conflicto que originó la 125. En este tiempo, el sector liderado por la Comisión de Enlacenunca ha presentado formalmente al Congreso un proyecto consensuado por las cuatro entidades. Desde su creación hemos tenido más reclamos en asambleas que trabajo efectivo para elevar propuestas concretas para el corto, mediano y largo plazo. Criticar al poder legislativo es errar, completamente, el eje.

Debemos imaginar un sistema más ágil y efectivo que defienda real y efectivamente los intereses del sector. Llevar a la práctica un sistema como el que viene desarrollando Brasil desde 1964, cuando planificó el rol de la producción agropecuaria y agroindustria y creó por ley la Confederación Nacional de Entidades Agropecuarias (CNA). El objetivo, que se cumplió, era trabajar en una acción institucionalizada  pública-privada permanente en las defensas de las  propuestas,  sanción de las mismas y control de la gestión de las políticas públicas. Hoy en día, sus dirigentes tienen un gran protagonismo en el trabajo parlamentario y en la ejecución y seguimientos  de la políticas públicas, a nivel nacional e internacional, mostrando a los productores  muchos  más unidos  que al principio del sistema, con resultados concretos después de 48 años.

La propuesta es crear una entidad similar a la CNA de Brasil . Esta nueva entidad debe estar integrada por todas las entidades nacionales formada por productores (la Comisión de Enlace, más AACREA y AAPRESID) en una Fundación o Centro de Estudios Estratégicos . Esta entidad recibiría el aporte de todos los productores, por un sistema de recaudación obligatoria establecido por ley, como mínimo de un 1%. Pero es fundamental la inclusión de las seis entidades:no se puede pretender recaudar a todos los productores, si muchos de ellos no se sienten representados.

La Fundación o Centro de Estudios Estratégicos, por medio de un Consejo Directivo, sería la responsable de distribuir los fondos según sean los objetivos y los porcentajes  fijados previamente por el estatuto de formación . Entre los cinco  objetivos principales debemos mencionar  los siguientes:

1-   Proponer, elaborar, concretar y hacer un seguimiento de todas las políticas de estado que tienen directa influencia  para la producción, transformación y exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial.

2-   Ejecutar en forma permanente el trabajo de lobby profesionalizado interno y externo, a nivel público y privado, a fin de mejorar la competitividad del sector.

3-   Proponer y trabajar en todas las modificaciones necesarias para mejorar la educación, la investigación y formación laboral, inclusive en diseño de carreras corta y de oficios.

4-   Diagramar y ejecutar en forma  permanente la  comunicación y  marketing que sea necesario para ir cambiando  la imagen pública del sector, tanto agropecuario como agroindustrial.

5-   Distribuir  equitativamente el aporte dispuesto por ley para la acción gremial en  las entidades nacionales y en los trabajos específicos de apoyo a cada  uno de  sus asociados.

Este sistema permitirá concretar propuestas por mayoría, terminando con los descreidos, que creen que es imposible trabajar unidos sin perder la propia identidad.

Que cambio las marchas del 13 de septiembre.

Nada será igual en la política nacional después de la movilización espontánea del 13 de septiembre pasado en todo el país. Por haber participado en Plaza de Mayo puedo afirmar que por su magnitud y diversidad de los temas, superó ampliamente a la realizada en 2008 por la 125.

Si bien el reclamo era generalizado contra las políticas del oficialismo, el enojo también involucraba la falta de una estrategia unificada entre la dirigencia empresaria y los partidos opositores, que proponga un proyecto global alternativo, similar al de cualquiera de los países vecinos como Uruguay, Brasil, Perú o Chile: que apunte a crecer y desarrollarnos, integrándonos definitivamente al mundo globalizado.    En esta oportunidad, cada uno salió a reclamar por lo que más le preocupaba. Quedó demostrado por la variedad de temas que los convocó y el cansancio que expresaba su reclamo por la falta de soluciones a la inseguridad, la inflación y la pérdida de trabajo.    La corrupción pasó a ser una cuestión importante por culpa del Vicepresidente Amado Boudou lo mismo que la falta de independencia de la justicia ante las pérdidas de las libertades más elementales de los ciudadanos. Los manifestantes mostraron su cansancio por el uso desmedido de la cadena nacional y la presión sistemáticas a los medios de difusión. No había líderes ni conductores para orientar los temas a reclamar y ni medio de comunicación en la convocatoria; por eso lo espontáneo de la forma y el reclamo.    En 2008, la convocatoria era por un único tema: el de las retenciones móviles aplicadas mediante la Resolución 125. Entonces, la sociedad general del interior hizo suyo el reclamo porque asumieron que la confiscación del ingreso de los productores iba a repercutir en cada pueblo y ciudad de interior. Surgió en dicha gesta una “nueva clase media” del interior que se trasladó a reclamar a Rosario y a la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta acción fue muy bien acompañada por todos los medios de difusión desde el primer día porque era la defensa en conjunto de todo el interior por el federalismo fiscal que determina nuestra constitución.    Hoy, la falta de respuesta a un legítimo reclamo de la ciudadanía por parte del Gobierno demuestra que fue sorprendido por la dimensión de la protesta. Las contestaciones fueron muletillas muy trilladas que ni ellos mismos creen. Cuando se acaba la razón empiezan los agravios y las descalificaciones, especialmente contra la clase media que es la que paga los impuestos y define una elección, como ocurrió con el triunfo del gobierno en 2011 con el 54%. Por este motivo son muy difíciles de entender las descalificaciones si la Presidente pretende la modificación de la Constitución para poder ser reelegida.    Toda esta actitud apunta a ganar tiempo para analizar nuevas estrategias sin modificar el fondo de la política, redoblado la apuesta como nos tiene acostumbrado. En esa línea, se inscribe el cambio del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Se nombró como presidente a Martín Sabbatella porque siguen creyendo que todo lo malo que le sucede en el país es por culpa de los medios opositores, sin asumir que nuestra clase media tiene independencia de criterio para pensar y actuar libremente como lo demostró con la impactante marcha en todo el país.    El sector agropecuario, como no podía ser otra manera y es lo que corresponde, está incluido en estas mismas definiciones porque todo lo que realiza diariamente, directa o indirectamente, tiene que ver con los otros sectores de la economía, formando ese gran tejido social que es el ruralismo. Por este motivo, el reclamo es por políticas iguales a los otros sectores de la economía.    ¿Qué cambios dejó la marcha del 13 de septiembre pasado?    • El rol fundamental que cumplieron las redes sociales. De ahora en adelante no van a ser imprescindibles los medios de difusión masivos.    • Quedó demostrado que es una sociedad que no tiene miedo. Que tiene una capacidad de tolerancia pero la vez tiene un límite y que no está dispuesta a claudicar por reclamos justo saliendo a la calle.    • La gran mayoría quiere volver al gran proyecto del país que define nuestra Constitución. Primero corresponde respetarla y hacerla cumplir.    • Se demostró que cuando se sale a reclamar por temas generales hay una mayor predisposición a participar. Los reclamos sectoriales e individuales nunca prosperan. Por eso es fundamental que nuestra dirigencia tenga la capacidad de juntarse y consensuar propuesta por mayoría que sea en beneficio del conjunto de la sociedad.    Además, por la situación fiscal de cada provincia quedó en evidencia que la discusión de una reforma impositiva y una nueva distribución de la coparticipación no pueden ser demoradas por la dirigencia política. El sector privado no soporta más carga impositiva y la solución pasa por la reducción del gasto público y un sensato replanteo tributario que incentive la inversión y el crecimiento en cada provincia. De no haber modificaciones en ese sentido, estamos en la puerta de una rebelión fiscal de hecho por incapacidad de pago de los contribuyentes.    Todos los países muestran concretamente cuál ha sido su crecimiento y desarrollo, cuantificando cuanta gente pasó a ser clase media en determinado tiempo. Así, Brasil estima que 40 millones de habitantes mejoraron su condición social en los últimos 8 años, y en China se dice que 30 millones de personas por año van del campo a las grandes ciudades. La Argentina basó su crecimiento del siglo pasado en una gran clase media, mucha de ellas formadas por inmigrantes, que actualmente abarcaría el 80% de su población, diseminada en todo el país.    Esa clase media fue la que el 13 de septiembre del 2012 salió a reclamar por sus legítimos derechos; porque no está dispuesta a perderlos y mucho menos cuando el actual contexto internacional manda a seguir creciendo y desarrollando el país.       Arturo Navarro. Consultor Agropecuario. Ex-presidente de CARBAP y CRA.