lunes, 25 de noviembre de 2013

MINISTROS PROVINCIALES RESPONDIERON DICHO DE MINISTRA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Tanto el ministro de Bienestar Social, Raúl Ortiz, como el de Gobierno Justicia y Seguridad, Leonardo Villalva, expresaron su profunda discrepancia y preocupación por las expresiones vertidas por la integrante del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Elena Fresco, en ocasión de su visita a la Cámara de Diputados para explicar el presupuesto correspondiente al año 2014.
Ambos funcionarios provinciales coincidieron en sostener que las expresiones de la integrante del Superior Tribunal denigran a nuestra sociedad en su conjunto al considerar a parte de su población (a la sazón la más vulnerable y susceptible de recibir y reproducir conductas no deseadas) como chivos expiatorios de problemáticas multicausales, que por supuesto involucran a los poderes públicos y la comunidad misma.
Ortiz profundizó diciendo que "considerar al niño o adolescente en conflicto con la ley penal una suerte de delincuente irrecuperable conlleva múltiples traducciones, ninguna proactiva ni superadora. De allí a desistir de las acciones políticas e institucionales y a procurar la "justicia" o "reparación" por mano propia sólo hay un paso, pues ya está muerto quien es nadie para el Estado".
El titular de Bienestar Social no dejó de señalar que la seguridad debe concebirse en su más amplio sentido, inclusive jurídico. "No escapamos ni al debate ni a la crítica, porque como autoridad pública nos cabe un rol trascendental y, cada acción siempre es perfectible", remarcó
Para cerrar criticó, que los dichos de la ministra Fresco "excede lo anecdótico" por ello exigió "una profunda reflexión y rectificación del Poder Judicial, ya que en manos de uno de sus miembros, se encuentra nada menos que la administración de justicia"

Villalva

Sumándose a los dichos de Ortiz, Villalva no olvidó mencionar que también el Poder Judicial forma parte del sistema de seguridad, "es una pata importante en el servicio de seguridad, por lo que las declaraciones de la Dra. Fresco parecieran indicar que el Poder Judicial, no es el Estado", afirmó y agregó que "no sentirse parte de la seguridad le permite no asumir el grado de responsabilidad que le cabe a la justicia hoy día.
"La Sra. ministra –añadió- forma parte del Poder Judicial. No es un vecino más y sus opiniones tienen una gran connotación, porque impactan directamente en el ánimo de la sociedad. Las opiniones efectuadas en el marco de una explicación ante los diputados provinciales deberían ser acordes a lo que la sociedad reclama o espera del cuerpo al que pertenecen, no títulos rimbombantes o razonamientos simplistas que nada aportan a la temática concreta", recalcó.
Ahondando en el tema, Villalva agregó: "Sabemos que el nuevo Código Procesal Penal, acota la posibilidad de decretar la prisión preventiva ante la posible comisión de un hecho ilícito. Esto permite establecer un periodo de impunidad al incorrecto. Sin embargo existen marcos generales las reglas de Tokio, -Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad- las cuales Argentina se encuentra adherida donde en su caso permitirían equilibrar el garantismo en nuestra legislación en miras de proteger a la sociedad y a la víctima. Análisis que podría haber efectuado la Dra. Fresco en su carácter de miembro de Superior de Justicia y no decir que "no sabe qué hacer".
Desde el Derecho Administrativo se ha dicho que el Poder Legislativo mira para "el mañana", porque establecen las leyes que regirán a las personas en el futuro, el Poder Ejecutivo mira para "el hoy" porque resuelve las cuestiones concretas del día a día y el Judicial mira hacia "el ayer" porque debe resolver las controversias que se suscitaron en el pasado para dar seguridad jurídica al presente.
Se preguntaron: "¿Cómo puede una persona con tamaña responsabilidad, como la que detenta la Dra. Fresco decir "Hay una inseguridad terrible" para luego decir "no sabemos qué hacer"? ¿Cómo puede sentirse un ciudadano, que habiendo sufrido algún hecho antisocial en su vida, venga el representante máximo del poder que debe sancionar estas conducta y diga" no sabemos que hacer"?
Ambos funcionarios, coincidieron en que "pondremos todo nuestro esfuerzo en hacer lo que la sociedad demande de nosotros en esta temática."

Datos

Con respecto a las declaraciones de la Dra. Fresco que decían "...Yo sigo insistiendo que es gente que han traído de afuera...", el ministro de Gobierno entendería que las mismas tendrían carácter xenofóbicas.
Dando por tierra estas declaraciones Villalva expone algunos datos estadísticos de delitos cometidos en la provincia de La Pampa: Habiéndose efectuado un relevamiento de internos, condenados por la justicia pampeana y alojados en unidades del SPF (Servicio Penitenciario Federal) con asiento dentro y fuera de la provincia, se establece un porcentaje de un 75 % de nacidos en la provincia de La Pampa.
Por otro lado, según datos de la Alcaldía Santa Rosa del total de detenidos, el 82,63 % son pampeanos. Asimismo, disponemos datos parciales del Poder Judicial, el mismo registra un total de 28.324 imputados, periodo comprensivo año 2011 a 2013, de ese número de imputados solamente se cuenta con datos de lugar de nacimiento de 3.759 imputados; tomada esta cifra de 3.759 imputados el 79% es nativo de nuestra Provincia.
Por otro lado y con respecto a delitos violentos cometidos en el Periodo 2010/2013 y su posible vinculación con las circunstancias de ser cometido por Personas ajenas a nuestra Provincia podemos decir que:
Año 2010, de 9 homicidios dolosos cometidos, uno solo fue cometido por un residente de fuera de la Provincia.
Año 2011 de 12 homicidios dolosos cometidos, 1 solo fue cometido por una persona de fuera de la Provincia.
Año 2012 de 12 homicidios dolosos, todos fueron autores pampeanos
Año 2013, 15 homicidios dolosos. 1 solo cometido por autor no Pampeano.
Sabemos de la complejidad de la Seguridad tal es así que venimos trabajando de manera coordinada con todos los Ministerio de Gobierno Provincial en sus distintos programas; asimismo se ha implementado, dependiente de la Policía de La Pampa, una unidad única en el país (NO HAY NINGUNA IGUAL EN ARGENTINA), la Unidad Funcional de Genero, Niñez y Adolescencia, en el entendimiento que los problemas mencionados se encuentran interrelacionados y no resultan compartimentos estancos por los cuales se fragmentaria a la persona y a las familias. Todo ello es en consonancia al nuevo paradigma de la familia, niñez y adolescencia.
De esta manera, por ejemplo se evita que quienes sufren el flagelo de la violencia de género, o las problemáticas de niñez o adolescencia tengan que trasladarse de un lugar a otro y que se fragmente a la persona en tantos organismos como problemas se le presenta.
En la provincia de la Pampa y teniendo en cuenta las estadísticas del Ministerio de Gobierno y Justicia de La Nación y el Departamento Judicial de la Policía de la provincia de La Pampa, nuestro índices porcentuales sobre delitos generales, están por debajo de la media nacional, los que si se observa una mayor violencia en los hechos delictivos y que obedece a una causa multiproblemática y nos exige a todos los actores del estado –sin excepción- a colaborar y aportar acciones concretas e integrales a un tema tan sensible y complejo.
Graficó históricamente en la provincia de La Pampa, el delito de hurto (desapoderamiento sin fuerza en las cosas o violencia en las personas) duplicaba al delito de robo. En la actualidad se encuentran muy cercanos. Esa lectura nos permita concluir que hay una mayor violencia, ya sea en las cosas o en las personas.
Por otro lado alrededor del 17 % de los delitos cometidos, se encuentran imputados menores de edad, desmitificándose expresiones tales como que la mayor cantidad de delitos son cometidos por menores.
No se ha producido en la Provincia un mayor incremento de delitos en relación a años anteriores, (126 delitos menos que en relación al mismo periodo del año 2012) lo que ha ocurrido es que, en los delitos que se han venido cometiendo hay un mayor grado de violencia, por ende da resultados disvaliosos en la sensibilidad social
Todo lo expresado nos obliga a seguir colaborando y ejecutando acciones concretas e integrales para la seguridad, que nos compete a todos, incluidos los actores judiciales. Es la sociedad la que nos exigirá le rindamos cuenta de lo actuado.

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