La Secretaría de Derechos Humanos invita al público en general a la disertación que ofrecerá la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, en el marco de la "Campaña Nacional contra la Tortura", el próximo martes 12 de noviembre a las 18:00 horas, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.
Esta campaña se inició en la ex ESMA en marzo de 2013, al conmemorarse el bicentenario de la conocida Asamblea del Año XIII, que estableció entre otras medidas fundamentales, la abolición de los elementos de tortura.
En este año, en que se celebran los 30 años de democracia ininterrumpida en Argentina, Stella Martínez manifestó que "la deuda más grave es la persistencia de la tortura que se ejerce de manera cotidiana y sistemática en nuestro país".
"El Estado de Derecho de una sociedad democrática debe reaccionar ante este fenómeno sin tolerancia alguna sobre estas prácticas degradantes de la condición humana. Además, el Estado argentino ha suscripto las convenciones internacionales para la eliminación de la tortura adoptadas en la década de 1980, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos".
En este sentido, se adoptó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, que entró en vigencia en el año 2006, y que dispuso que los Estados que lo ratificaran debían crear mecanismos de prevención de la tortura con funciones de monitoreo de lugares de encierro en cada país. La Argentina se ha comprometido ante la comunidad internacional a cumplir con estos objetivos en defensa de los derechos humanos y que las personas privadas de libertad no sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En este año, en que se celebran los 30 años de democracia ininterrumpida en Argentina, Stella Martínez manifestó que "la deuda más grave es la persistencia de la tortura que se ejerce de manera cotidiana y sistemática en nuestro país".
"El Estado de Derecho de una sociedad democrática debe reaccionar ante este fenómeno sin tolerancia alguna sobre estas prácticas degradantes de la condición humana. Además, el Estado argentino ha suscripto las convenciones internacionales para la eliminación de la tortura adoptadas en la década de 1980, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos".
En este sentido, se adoptó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, que entró en vigencia en el año 2006, y que dispuso que los Estados que lo ratificaran debían crear mecanismos de prevención de la tortura con funciones de monitoreo de lugares de encierro en cada país. La Argentina se ha comprometido ante la comunidad internacional a cumplir con estos objetivos en defensa de los derechos humanos y que las personas privadas de libertad no sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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