Con la presencia de la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez se realizó la presentación en el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.
La defensora General de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, llegó a Santa Rosa para brindar una conferencia relacionada a la Campaña Nacional contra la Tortura en el sentido de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y sanción, así como sensibilizar a la sociedad en contra de esta práctica.
Esta Campaña Nacional se inició en ocasión del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. Por este motivo, el Ministerio Público de Defensa, en conjunto con otras instituciones estatales, organismos de la sociedad civil y organizaciones internacionales llevan adelante estas acciones en defensa de los derechos humanos.
La funcionaria nacional estuvo acompañada en el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno por el ministro de Coordinación de Gabinete, Ariel Rauschenberger; el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes y otros representantes del Poder Ejecutivo, ante un nutrido auditorio representado por distintas organizaciones locales.
El secretario de Derechos Humanos dio la bienvenida a la doctora Martínez y trajo el saludo del Gobernador Jorge, quien se encuentra ausente de la Provincia por razones oficiales.
Luego dijo: "este encuentro tiene que ver con los ideales del humanismo y la dignidad humana. Celebramos este lanzamiento en nuestra Provincia, que se inició en marzo de 2013, al conmemorarse el Bicentenario de la conocida Asamblea del año 1813 que estableció entre otras medidas fundamentales, la abolición de la tortura sus elementos de uso".
"Apoyamos esta iniciativa porque consideramos que la tortura, los tratos inhumanos o degradantes que afectan a la condición humana no deben tener cabida en un estado democrático, en un estado de derecho" dijo el funcionario.
Asimismo consideró que "en 2013 celebramos 30 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y por ello la defensora General de la Nación ha manifestado que la deuda más grave es la persistencia de la tortura que se ejerce de manera sistemática y cotidiana en nuestro país. Consideramos que el estado de derecho de una sociedad democrática debe reaccionar ante fenómeno sin tolerancia alguna, porque son prácticas degradantes de la condición humana".
Además, el estado argentino ha suscripto convenios internacionales para la eliminación de la tortura adoptada en la década de 1980, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos. La Argentina se ha comprometido ante la comunidad internacional a cumplir con los objetivos allí previstos en defensa de los derechos humanos y de las personas privadas de libertad, que no sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Ante esta postura de nuestro país, Funes dijo "por eso consideramos muy significativa esta iniciativa por cuanto no solo pone en tema de agenda política tanto a nivel nacional como provincial, sino que nos obliga a optimizar esfuerzos desde lo institucional, para que la tortura no tenga cabida, y en segundo lugar porque también es una campaña de concientización. En ese sentido quiero solicitar respetuosamente a todos los presentes, funcionarios políticos, judiciales, policiales e integrantes de las distintas ONG que nos acompañan, que repliquen los contenidos de la disertación de la doctora Stella Maris Martínez en los ámbitos de su competencia, para avanzar entre todos de las palabras a los hechos".
Esta Campaña Nacional se inició en ocasión del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. Por este motivo, el Ministerio Público de Defensa, en conjunto con otras instituciones estatales, organismos de la sociedad civil y organizaciones internacionales llevan adelante estas acciones en defensa de los derechos humanos.
La funcionaria nacional estuvo acompañada en el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno por el ministro de Coordinación de Gabinete, Ariel Rauschenberger; el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes y otros representantes del Poder Ejecutivo, ante un nutrido auditorio representado por distintas organizaciones locales.
El secretario de Derechos Humanos dio la bienvenida a la doctora Martínez y trajo el saludo del Gobernador Jorge, quien se encuentra ausente de la Provincia por razones oficiales.
Luego dijo: "este encuentro tiene que ver con los ideales del humanismo y la dignidad humana. Celebramos este lanzamiento en nuestra Provincia, que se inició en marzo de 2013, al conmemorarse el Bicentenario de la conocida Asamblea del año 1813 que estableció entre otras medidas fundamentales, la abolición de la tortura sus elementos de uso".
"Apoyamos esta iniciativa porque consideramos que la tortura, los tratos inhumanos o degradantes que afectan a la condición humana no deben tener cabida en un estado democrático, en un estado de derecho" dijo el funcionario.
Asimismo consideró que "en 2013 celebramos 30 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y por ello la defensora General de la Nación ha manifestado que la deuda más grave es la persistencia de la tortura que se ejerce de manera sistemática y cotidiana en nuestro país. Consideramos que el estado de derecho de una sociedad democrática debe reaccionar ante fenómeno sin tolerancia alguna, porque son prácticas degradantes de la condición humana".
Además, el estado argentino ha suscripto convenios internacionales para la eliminación de la tortura adoptada en la década de 1980, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos. La Argentina se ha comprometido ante la comunidad internacional a cumplir con los objetivos allí previstos en defensa de los derechos humanos y de las personas privadas de libertad, que no sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Ante esta postura de nuestro país, Funes dijo "por eso consideramos muy significativa esta iniciativa por cuanto no solo pone en tema de agenda política tanto a nivel nacional como provincial, sino que nos obliga a optimizar esfuerzos desde lo institucional, para que la tortura no tenga cabida, y en segundo lugar porque también es una campaña de concientización. En ese sentido quiero solicitar respetuosamente a todos los presentes, funcionarios políticos, judiciales, policiales e integrantes de las distintas ONG que nos acompañan, que repliquen los contenidos de la disertación de la doctora Stella Maris Martínez en los ámbitos de su competencia, para avanzar entre todos de las palabras a los hechos".
Conceptos de la defensora General
A su turno, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez precisó entre otros conceptos que el estado no puede valerse de medios ilícitos nunca "el estado debe ser un paradigma ético", dijo.
Amplió este concepto diciendo con respecto a la tortura que a veces se la utiliza para obtener supuestamente información, "información que muchas veces es falsa porque una persona sometida a violencia extrema no es confiable, y si llegara a tener algún efecto y fuera incorporado a un proceso judicial, debería anularse por la jurisprudencia pacífica que señala que no se puede obtener información por estos medios porque -ratificó- el estado no puede valerse de medios ilícitos nunca, el estado debe ser paradigma ético, por lo cual, aunque se obtuviera algún resultado, eso sería finalmente anulado y nunca se arribaría a una condena sobre estas bases".
Pero además de esa tortura que sería inútil -prosiguió- "existe otra tortura que es la tortura para disciplinar. Es la que se usa en las cárceles o en los neurosiquiátricos: golpear para doblegar la voluntad".
Rememoró que luego de la Asamblea del año 13, la Constitución Nacional volvió a retomar este concepto y dice: quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. La pena de muerte por causas políticas, luego la aboliríamos en general, pero ya en el año 1853 no lo limita a causas políticas, dice toda especie de tormentos y los azotes.
Recordó seguidamente: "Muchos años después, demostrando que esto sigue en vigor, en la Convención contra la tortura y otros tratos crueles , inhumanos y degradantes, todos los países del orbe, en la Asamblea general de las Naciones Unidas, ven la necesidad de crear una Convención Universal contra la tortura. Esto se aprobó en la Asamblea General del 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987, esto significa que muchos estados suscribieron esta Convención. En nuestro país a su vez, en 1994, se le otorgó jerarquía constitucional. Es una definición aceptada universalmente".
Amplió este concepto diciendo con respecto a la tortura que a veces se la utiliza para obtener supuestamente información, "información que muchas veces es falsa porque una persona sometida a violencia extrema no es confiable, y si llegara a tener algún efecto y fuera incorporado a un proceso judicial, debería anularse por la jurisprudencia pacífica que señala que no se puede obtener información por estos medios porque -ratificó- el estado no puede valerse de medios ilícitos nunca, el estado debe ser paradigma ético, por lo cual, aunque se obtuviera algún resultado, eso sería finalmente anulado y nunca se arribaría a una condena sobre estas bases".
Pero además de esa tortura que sería inútil -prosiguió- "existe otra tortura que es la tortura para disciplinar. Es la que se usa en las cárceles o en los neurosiquiátricos: golpear para doblegar la voluntad".
Rememoró que luego de la Asamblea del año 13, la Constitución Nacional volvió a retomar este concepto y dice: quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. La pena de muerte por causas políticas, luego la aboliríamos en general, pero ya en el año 1853 no lo limita a causas políticas, dice toda especie de tormentos y los azotes.
Recordó seguidamente: "Muchos años después, demostrando que esto sigue en vigor, en la Convención contra la tortura y otros tratos crueles , inhumanos y degradantes, todos los países del orbe, en la Asamblea general de las Naciones Unidas, ven la necesidad de crear una Convención Universal contra la tortura. Esto se aprobó en la Asamblea General del 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987, esto significa que muchos estados suscribieron esta Convención. En nuestro país a su vez, en 1994, se le otorgó jerarquía constitucional. Es una definición aceptada universalmente".
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