Temas de la semana que se fue: la liberación de todos los detenidos por el crimen del matrimonio Epifanio.
El Poder Judicial tuvo que aceptar la ineficiencia que hasta ahora ha mostrado la investigación por el crimen del matrimonio Epifanio y dispuso la liberación de todas las personas que habían sido detenidas y puestas bajo sospecha por el brutal homicidio.
La falta de pruebas certeras y contundentes respecto del accionar de quienes fueron presentados por la Policía como los responsables del hecho, llevó a la fiscal Alejandra Ongaro y a las juezas Florencia Maza y Gabriela Manera a determinar otra estrategia que la que habían adoptado hasta el momento.
Los análisis de las muestras de ADN que se tomaron en el lugar del crimen y en domicilios que fueron allanados arrojaron resultados negativos, pero además confirmaron la presencia en el sitio del asesinato de una persona que no se sabe quién es, ni dónde está.
Desde un primer momento, los pibes que fueron atrapados en relación al caso aparecieron señalados como los culpables, a partir de una supuesta confesión ante los policías y de una serie de testimonios -ninguno de ellos directo- que los indicaban como presentes en la casa donde se desencadenó el drama.
Aunque queda trabajo por hacer, a primera vista esta realidad de la investigación aporta grandes posibilidades de que el asesinato quede impune: no sería el primero ni el único delito conmovedor que ocurre en nuestra provincia y en el que se fracasa en el intento de su esclarecimiento.
La que queda instalada en enorme dimensión es la duda: ¿cuál es realmente la pista que apuntó a estos pibes como autores de tan aberrante crimen?; ¿hay algún indicio real y concreto que los involucre o los investigadores policiales se dejaron llevar por la desesperación de encontrar culpables sea como sea?; si de veras estuvieron en el lugar del hecho, ¿cómo es posible que no hayan dejado huella alguna o no se hayan encontrado otros elementos probatorios en los allanamientos?; ¿se levantaron mal las huellas?
Se escucharon en estas horas explicaciones que contradicen las primeras observaciones policiales: se cuenta ahora que los asesinos actuaron con guantes, o que lo hicieron prácticamente de modo “profesional”, cuando en los primeros tramos de la investigación se los señaló como que actuaron fuera de sí, sin previsiones, al “voleo” y bajo los efectos de alguna droga.
Por otra parte, tras la detención de los chicos comenzó desde diversos sectores una ofensiva para reinstalar la idea de que los menores son el gran problema de la “seguridad”: se replicó sin medias tintas ni eufemismos la receta mano dura.
En el medio, queda una denuncia ante la que las instituciones no pueden ser indiferentes: la madre de uno de los pibes detenidos aseveró que a su hijo lo torturaron, y añadió que es un mecanismo habitual utilizado por algunos de los integrantes de la fuerza de “seguridad”.
De ser cierta esa hipótesis, no sólo es deseable que se concrete la correspondiente sanción judicial y administrativa, sino una enseñanza: ese accionar, ni novedoso ni sorprendente, representa por un lado una violación a los más elementales Derechos Humanos, pero además conduce claramente al fracaso.
La utilización de los apremios ilegales -o de otros artilugios y trampas en manos de investigadores que deciden “armar” una causa o forzar el hallazgo de un culpable- se ha demostrado además ineficiente: es el mejor modo de arruinar a una persona y sus vínculos afectivos, pero es también una forma de no llegar nunca a la verdad respecto de un hecho.
Aunque se trata de una denuncia no investigada en profundidad, tampoco representa una revelación demasiado conmovedora, puesto que no es la primera vez que se alude a vejámenes policiales: eso indica que, si se trata de un proceder con algo de sistemático, las máximas autoridades tienen explicaciones que brindar.
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