Es una represalia contra los que retienen soja que tomó el camporista Juan Forlón, amigo de Máximo Kirchner.
El gobierno volvió a apurar a los sojeros para que liquiden la cosecha que aún tienen retenida, esta vez amenazándolos con cortarles el financiamiento para la próxima campaña. Mediante una resolución, el Banco Nación le informó a los ruralistas que a partir de ahora deberán demostrar que no les queda ni una tonelada sin vender para volver a habilitarles créditos para la producción del año próximo.
“Se comunica a los señores clientes que solo podrán acceder a las financiaciones ofrecidas por el banco aquellos productores sojeros que demuestren no contar con existencias de granos de soja”, reza la circular que la entidad distribuyó entre sus clientes.
Los productores podrán cumplir con ese requisito a través de su declaración jurada a la AFIP de fines de agosto, o mediante las facturas de venta para operaciones posteriores a esa fecha.
El financiamiento es clave antes de iniciar la siembra porque le permite a los sojeros comprar los insumos básicos para la actividad: fertilizantes, maquinaria, agroquímicos, etc.
Lo cierto es que la nuera normativa ya generó el rechazo de las principales entidades del sector. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció en un comunicado que “la circular en la que dispone nuevos límites y requisitos a los productores agropecuarios para operar con descubiertos, venta de cheques, financiamiento y tarjetas de crédito personales, pone de relieve la capacidad inigualable que tiene el Gobierno Nacional para dañar al sector productivo”.
Es que aproximadamente el 50 por ciento del monto prestado al sector provienen de los bancos públicos, en donde los jugadores principales son el Banco Provincia y el Nación.
El peso de la entidad presidida por Juan Ignacio Forlon -amigo personal de Máximo Kirchner- es abrumador, sobre todo en los productores de menor tamaño.
“En muchos casos, si el Nación le niega un crédito a un ruralista, se le complica conseguir financiamiento porque otros bancos no tienen sucursales en el interior del país”, contó a LPO Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural(SRA).
En ese sentido, el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, advirtió en diálogo con este medio que “lamentablemente, el pequeño productor tiene que pedir prestado en la mutual, o en el Nación”.
“Si el Nación le corta el financiamiento tiene que ir a otro banco, que le cobra una tasa más alta, o ir al usurero del barrio que después se queda con el campo”, se lamentó el directivo. “El que ya levantó la cosecha y se le inundó el campo, no puede sacar un crédito”, analizó.
“Esta medida es ilegal, pero este gobierno nunca respetó la Constitución, tuvimos a Moreno indicándonos quién podía exportar y quién no”, lanzó Garetto, y contó que “la gran mayoría de los productores tiene una carpeta” en esa entidad.
Además, Garetto replicó que los ruralistas retienen parte de la cosecha “para pagar los gastos que le quedan, como el alquiler de los campos que es a fin de año”. “Todavía faltan seis meses para la próxima cosecha”, recordó.
El problema es que seis meses es demasiado tiempo para el gobierno, que necesita de los dólares hoy para hacer frente a las deudas acumuladas en importaciones.
Sin embargo, Ambrosetti aclaró que el ritmo de la liquidación de este año es similar a la del 2013, por lo que no el comportamiento especulativo entre los sojeros no creció, como denuncian los funcionarios.
Las denuncias
“Estas restricciones forman parte de una práctica discriminatoria y extorsiva que tiene como único fin obligar a los productores de soja a vender hasta el último grano de la cosecha, cuya liquidación está en los mismos niveles que el año anterior”, señaló la SRA en un comunicado.
La entidad sostuvo que “esta situación adquiere una gravedad mayor por tratarse de un banco público y atenta contra los mismos objetivos del Banco Nación, que en el artículo 3, inciso a, de su carta orgánica establece como uno de sus fines apoyar la producción agropecuaria, promoviendo su eficiente desenvolvimiento”.
“La decisión de bloquear el financiamiento a los productores de soja desconoce los tiempos del campo y la gravedad de la situación económica que vive el país”, agregó la declaración de la SRA.
Asimismo, afirmó que “con una inflación del 41 por ciento el productor de granos no tiene otra forma de preservar el valor de sus ingresos que vender escalonadamente su producción”. “Si hubiera vendido toda la soja al momento de la cosecha, la inflación hubiera deteriorado ese ingreso y no hubiera tenido forma de encarar la compra de insumos para la siembra siguiente, cumplir con los impuestos, hacer frente al pago de sueldos y gastos personales”, advirtió la SRA.
Por su parte, la CRA consideró que “no contento con quitarle el 35% en retenciones, más el 35% en el impuesto a las ganancias, más todos los impuestos municipales, provinciales y nacionales, ahora el Ejecutivo está dispuesto a arrasar con la relación histórica que ha tenido la producción agropecuaria con el Banco de la Nación Argentina”, sostuvo la CRA.
“No solo el productor perdió la capacidad de diversificar la producción granaria, sino que ahora también es arrastrado por una nueva discriminación de parte del BNA que establece dos tipos de clientes: la gente común y los estigmatizados sojeros”, concluyó la Confederación.
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