El ministro de Economía salió a fortalecer la defensa de Verna sobre la política impositiva de la provincia

Los impuestos al patrimonio, generales o específicos, son los más resistidos por los contribuyentes -sostuvo Franco- quien consideró necesaria su existencia “no solo para financiar los gastos del Estado sino para desalentar conductas especulativas y llegar donde los impuestos sobre los flujos (como Ingresos Brutos o el Impuesto a las Ganancias) no llegan. Son imprescindibles para lograr estructuras sociales armónicas y justas, aunque muchas veces, resulten molestos”

El ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de La Pampa, Ernesto Franco, manifestó que la presión fiscal al sector agropecuario en la Provincia es, para Ingresos Brutos, la más baja del país. Esta alícuota oscila entre el 0,5% para el cultivo de cereales y oleaginosas, y el 0,7% para la ganadería.

Franco explicó que es cierto que existen algunas provincias que desgravan las producciones agrícolas o ganaderas, sin perjuicio de la tasa general que aplican, “sin embargo, en ninguna de estas se llevan a cabo las producciones de cereales y oleaginosas que tienen lugar en la Provincia. Se trata de exenciones vinculadas fundamentalmente a producciones regionales u hortícolas. Cultivar maíz en Catamarca -por ejemplo- sin riego, no resultaría probablemente una práctica económicamente rentable. Pero si se cultiva, la alícuota es del 1,5%, es decir, tres veces más que en La Pampa”.

El ministro también se refirió a la actividad ganadera: “la ganadería que tiene lugar en las provincias exentas suele ser de trashumancia o de carnes alternativas. En la gran mayoría de los casos, los tratamientos diferenciales son para los micro-productores y prácticamente todos resultan en una alícuota efectiva mayor a la que se cobra en La Pampa”.

En el sector agropecuario, la alícuota del 1,5 % procede únicamente cuando se vende ganado bovino fuera de la Provincia. Este esquema impositivo, en conjunto con una política crediticia activa hacia el sector, permite contar con la cuarta infraestructura frigorífica de Argentina.

Los impuestos al patrimonio, generales o específicos, son los más resistidos por los contribuyentes -sostuvo Franco- quien consideró necesaria su existencia “no solo para financiar los gastos del Estado sino para desalentar conductas especulativas y llegar donde los impuestos sobre los flujos (como Ingresos Brutos o el Impuesto a las Ganancias) no llegan. Son imprescindibles para lograr estructuras sociales armónicas y justas, aunque muchas veces, resulten molestos”.

Asimismo, el ministro consideró oportuno resaltar el uso que se le da a esos recursos que aportan los contribuyentes, “desde el punto de vista de un tributarista, quizás la pregunta más difícil de responder es adónde van los impuestos que se recaudan. Contestar esta pregunta implica, por lo general, hablar del gasto del Estado en su conjunto, y amerita una charla bastante extensa relacionada con la satisfacción de las necesidades públicas y cuestiones que, por lo general, no están exentas de discusión. Sin embargo, este no es el caso del Impuesto Inmobiliario, su recaudación se dirige a la Dirección Provincial de Vialidad en casi un 50%, y un 8% adicional, gracias a la Ley de Descentralización, a las municipalidades y comisiones de fomento con afectación al mantenimiento de la red terciaria de caminos”.

Fue precisamente la recaudación del Impuesto Inmobiliario, en conjunto con la del Impuesto a los Vehículos, “la que nos permitió durante 2017 afrontar, con recursos propios, en forma rápida y eficaz, los problemas causados por las inundaciones en las rutas provinciales y los caminos vecinales”, expresó Franco.

El titular de Hacienda y Finanzas explicó que, en 2017, “hemos aumentado el impuesto inmobiliario en forma sustancial respecto del año anterior a una parte de las explotaciones rurales. En particular avanzamos sobre aquellas con mayor potencial productivo, destinadas principalmente a la agricultura y, en forma accesoria y en algunos casos, a la ganadería”.
“Sin embargo, esta decisión está conectada con las demás políticas llevadas a cabo por el Gobierno Provincial”, agregó el ministro, “así, pretendimos fortalecer la política de afianzamiento de la ganadería en la Provincia, cuyo potencial de generación de mano de obra es mayor que la del agro, aplicando a las zonas de cría y a aquellos establecimientos que realizan invernada, incrementos equivalentes a los referidos a los inmuebles urbanos mediante un proceso de compensación automático con el Impuesto a los Ingresos Brutos. La tasa de incremento, para la actividad ganadera, cubrió el efecto inflacionario sufrido durante 2016 y no implicó un incremento en términos reales del gravamen”.

Franco informó que la decisión se tomó teniendo en cuenta que el Impuesto Inmobiliario Rural había sufrido un serio deterioro en su peso específico con posterioridad al año 2001. “Esta política, que fue erosionando la importancia recaudatoria del impuesto, fue aplicada en una época de incremento continuo en la carga tributaria total del sector como consecuencia de las retenciones a las exportaciones y a los cambios operados en el Impuesto a los Bienes Personales”, agregó.

Explicó que la Provincia amortiguó el impacto diferencial que sufría el sector agropecuario, renunciando a cobrarle impuestos superiores como modo de contrarrestar la incidencia negativa de esta sobrecarga. “Por el contrario, la evolución de la participación en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano se mantuvo relativamente constante a lo largo del período, obedeciendo el incremento de 2017, en gran parte, a la declaración espontánea de mejoras fruto del régimen de exteriorización de mejoras promovido en 2016, y de los mayores controles sobre las superficies construidas”.

Ante el cambio de escenario fruto de la devaluación de finales de 2015 y de la eliminación o baja de los derechos de exportación para los cereales, y frente a la baja en el Impuesto a los Bienes Personales y a la eliminación, a partir de 2017, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, “resultó posible concebir un recupero en términos reales del Impuesto Inmobiliario Rural, que revirtiera el proceso de deterioro del recurso. Aun así, y soportando una crisis financiera impuesta por las políticas del Gobierno Nacional, esperamos hasta 2017 para aplicar el incremento, dejando al sector un año entero para recuperar su capital de trabajo. De todas maneras, la presión fiscal total de los productores no se incrementa fruto de las rebajas detalladas”, explicó el ministro.

A modo de cierre, Franco expresó: “por supuesto que entendemos que el clima no acompañó, y que sufrimos eventos extremos durante el año en curso. Por ello, mantuvimos un único plan de facilidades ventajoso, que asiste a los productores en Emergencia y Desastre Agropecuario, que cuenta con una tasa de interés del 3% anual”.