Después que finalizara el sumario de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el gobernador Oscar Jorge censanteó a Beatriz Susana Mansilla. Era categoría 2 en el organismo.
Mansilla integró el lote de empleados administrativos que permitieron el desfalco del IPAV.
En un decreto (el 406 del 1º de julio pasado), Jorge aprobó “lo actuado por la Instrucción en el Sumario Administrativo ordenado por Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en el Expediente N° 10393/2012 caratulado. "FIA sobre incidente Mansilla Susana (imputada)”. Ese expediente fue tramitado por cuerda separada del expediente principal N° 12079/03 caratulado: "Secretaría de Obras y Servicios Públicos -IPAV- A sobre presuntas irregularidades detectadas en el Departamento Tesorería del IPAV”.
En el artículo segundo expresa: “Declarar Cesante a partir de la notificación del presente Decreto, a la agente Beatriz Susana Mansilla D.N.I. N° 10.269.214, Legajo N° 3698, Afiliada N° 25471-Categoría 2, Rama Administrativa Ley N° 643, dependiente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por haber incurrido en la causal prevista en el artículo 277 inciso i) Ley N° 643 y de conformidad a lo preceptuado por el artículo 273 inciso d)de la misma norma legal y artículos 48, 49 y 50 de la Ley N° 3 de Contabilidad y concordantes del Decreto N° 824/1984”.
En diciembre de 2007 la Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa condenó a tres años de prisión e inhabilitación perpetua por peculado a Rodríguez de Tieri, ex jefa del área contable del IPAV. El ex tesorero García fue castigado con dos años de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito. D’Amico, ex-presidente del Club Rucalén y ex-jefe de Compras del IPAV, fue condenado como partícipe secundario del peculado a un año de prisión.
Agüero y Araniz fueron condenados a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas). El ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Ángel Naval, había sido condenado a un año de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 48.000 pesos por recibir coimas menores. Y finalmente Susana Beatriz Mansilla (la esposa de Araniz) había sido condenada a pagar una multa de 53.000 pesos (en cuotas mensuales de 500 pesos) por el delito de malversación culposa.
Antes, también por decreto, el gobernador exoneró a Mirta Rodríguez, Wálter García y Juan Cono D’Amico. Fueron condenados en la causa por el desfalco a la cuentas del Instituto de Vivienda, junto a Agüero y Araniz.
A través de tres respectivos decretos publicados en el Boletín Oficial de este viernes, el gobernador Oscar Mario Jorge echó a tres ex empleados del IPAV que habían sido condenados por la Justicia. Se trata de Mirta Isabel Rodríguez de Tieri, Wálter Raúl García y Juan Cono D’Amico.
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