Temas de la semana: el Tribunal de Impugnación Penal revirtió una decisión por el Caso Babilonia y llamó la atención de una jueza y un fiscal; la Municipalidad sigue penando por el conflicto del transporte urbano de pasajeros.
Una de cal...
El Tribunal de Impugnación Penal dispuso una revisión de dureza no muy habitual respecto de un caso de supuesto abuso sexual, en el que ahora uno de los acusados, que inicialmente había sido dejado al margen de la investigación, volverá a estar bajo la lupa.
El planteo del TIP, basándose en la vulnerabilidad de las víctimas, es consecuencia de la aplicación de la adhesión del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia a las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad, lo cual significa un claro paso adelante para nuestra provincia y para un organismo que supo estar en el centro de la escena por ignorar u “olvidar” pactos internacionales que garantizan los derechos humanos y de los sectores más desprotegidos.
Independientemente del caso puntual, que hará que el relacionista público Martín Barrera vuelva a estar bajo investigación de un supuesto abuso en perjuicio de una joven de 16 años, la intervención del TIP también significó un tirón de orejas a los funcionarios judiciales intervinientes, la jueza Florencia Maza y el fiscal Carlos Ordás, quienes quedaron al margen del expediente.
El otro acusado en la causa es Eduardo César Ros, a quienes los funcionarios de rango inferior ya habían considerado responsable del episodio y por eso estaba formalmente acusado: con esta novedad es posible que los dos señalados originalmente sean sometidos a un juicio oral y público para intentar el esclarecimiento completo de la situación.
Las chicas tenían 16 años de edad y la madrugada en que se produjo el hecho se quedaron en el boliche “Babilonia” -que regenteaban los acusados- en una suerte de “after hour”, luego de lo cual se fueron con Barrera y Ros y mantuvieron relaciones sexuales, de acuerdo a los avances de la investigación.
Aunque en primera instancia la jueza interpretó que una de las jóvenes prestó consentimiento, los jueces del TIP -Carlos Flores, Verónica Fantini, Filinto Rebecchi- interpretaron que fue manipulada por Barrera, a quien consideraron un “hombre de la noche” que manejó la situación a su antojo, aprovechándose de la “vulnerabilidad” de quien en principio sería su víctima.
Esa vulnerabilidad, de acuerdo a los pactos internacionales, deriva no sólo de la posibilidad de que estuviera bajo los efectos del alcohol, sino de su propia condición de menor de edad y de otras circunstancias -de género, de tiempo, espacio, sociales y culturales-: la persona vulnerable tiene menos posibilidades de defensa y es un blanco más fácil, destacaron los magistrados.
Apartándose de lo que en ocasiones hasta parece fruto de un sentido común instalado según el cual las chicas se “regalan” o sus padres “no las cuidan”, el reproche del TIP a los funcionarios menores es -justamente- que las jóvenes no fueron tratadas como corresponde a las víctimas, sino que incluso se las cuestionó a ellas mismas.
La severidad del fallo del TIP no sólo alude a lo que hicieron mal o dejaron de hacer los funcionarios judiciales, sino que también advierte sobre el “sistema perverso” que reina en ciertos locales nocturnos, donde se evitan los controles y se facilita el ingreso de menores, con notable pasividad de la Municipalidad y de las autoridades provinciales. Los jueces incluso llaman la atención sobre la conducta de los padres de las chicas.
Más aún, el TIP consideró incomprensible que no se hayan tenido en cuenta protocolos de actuación “indispensables en estos casos, pero inexistentes en el Ministerio Público”; e interpretó que el informe de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía “no reúne las características de un abordaje integrador”.
Sería oportuno y positivo que esta advertencia no quede en las letras frías de un fallo, sino que sirvan como impulso para que de ahora en más se tomen otras previsiones y se haga lo que se tiene que hacer.
...y una de arena...
La historia del servicio de transporte urbano en la ciudad parece no tener fin y cada semana que pasa se enrarece la negociación y se suman inconvenientes y conflictos: la gestión del intendente Luis Larrañaga vuelve a estar en un aprieto para definir una situación de la que es, en importante porción, responsable central.
El dictamen de la comisión de preadjudicación consistió, esencialmente, en una forma de lavarse las manos: hizo algunas recomendaciones técnicas pero no opinó sobre la cuestión de fondo, ni tomó determinaciones, ni hizo sugerencias, que es lo que se esperaba.
A partir de la resolución de ese organismo integrado por representantes de distintas áreas y especialidades, la definición queda en manos del intendente, más allá de que deba pasar el filtro del secretario de Obras Públicas Javier Schlegel: se ha convertido en un dictamen de exclusivo orden político.
En el medio de esta historia hubo (y hay) otros aspectos y circunstancias que enrarecieron el clima: por alguna razón se puso en debate una situación que en realidad nunca estuvo en duda, como el hecho de que los trabajadores que se incorporarán a la futura empresa adjudicataria -sea Autobuses Santa Fe o sea otra- pasarán con la antigüedad y la categoría correspondientes -y que son las que ya tienen en el Grupo Plaza-, tal como quedó establecido formalmente en los acuerdos que rubricó la propia municipalidad.
El eje de ese debate se corrió y terminó discutiéndose si Plaza indemnizaría o no a los empleados, ante lo que el gerente de la firma aclaró que actuarían tal como lo establece la ley de contrato de trabajo, en una aparición en la que también advirtió -¿con cierto oportunismo?- que la empresa estaba dispuesta a seguir prestando el servicio si para la fecha inicialmente prevista para el traspaso la comuna no tenía solucionada la cuestión.
Quedó la firme sensación de que la negociación entre Autobuses Santa Fe y la Municipalidad, en el fondo, era una puja por establecer el beneficio de la empresa, que hizo una oferta que no satisfizo a los funcionarios municipales, ya que el precio del boleto a 4,15 pesos no era lo que esperaban.
A partir de ahí, incluso, surgió un cambio de estrategia por parte del gabinete de Larrañaga: hasta hace algunas semanas se comentaba con cierto optimismo la posibilidad de que el boleto se fuera a 3,80 pesos, o aunque más no fuera a 4 pesos; después se dijo que la comisión de preajudicación tendría en cuenta la chance de esa rebaja, y finalmente se impuso en agenda la teoría de que a los vecinos no les importa el precio del boleto, sino que las condiciones del servicio sean buenas.
En síntesis: todo indica que Autobuses Santa Fe no reducirá su propuesta formal e insistirá para quedarse con el servicio cobrando un boleto de $4,15.
La cuestión es que ese valor, lo admitan o no los funcionarios municipales, significa un costo político para la gestión, ya que implica un notable incremento respecto de lo que se cobra por el servicio actual (que es entre malo y pésimo, eso sí).
Todo, además, con una empresa que quedó estigmatizada como la que corre con “el caballo del comisario”, como lo planteó la oposición política, que de alguna manera acertó con que sería la real interesada, y que además tiene vínculos políticos con el kirchnerismo, ya que su propietario -Alejandro Rossi- fue legislador por esa fuerza y es hermano del actual ministro de Defensa.
Pero la realidad trae otras malas noticias, porque justo en esta semana trascendió que en Ushuaia, donde Autobuses Santa Fe tiene a su cargo el transporte urbano de pasajeros, se plantea un conflicto no muy diferente que el que tiene como protagonista a Plaza en nuestra ciudad: los trabajadores y usuarios advierten sobre una serie de fallas estructurales e inconvenientes de otro tipo, que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y empleados y que vuelven una ilusión el buen servicio
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