La fiscal federal subrogante Adriana Zapico solicitó la elevación a juicio del Caso la Chicho Show.
>Pidió que sean enjuiciados el intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak, y el ex-comisario de la localidad, Hugo Mario Iglesias. Ambos están acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autores y en concurso ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios.
De acuerdo a la acusación del MPF, los acusados habrían brindado protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo La Chicho Show.
¿Qué dijo la fiscal Zapico sobre la participación de Cabak? "Conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno 'La Chicho Show' no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar", dijo. "Con todo ello, Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse".
En cuanto a la participación de Iglesias, Zapico sostuvo que también conocía "la actividad de prostitución" que se desarrollaba en la Chicho Show. En esa línea, resaltó que eso quedó demostrado a través del contenido de los diálogos telefónicos y también en los dichos de Cabak, en tanto "se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad y de los propios dichos de Iglesias puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución".
"Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse", dijo la fiscal.
"A la luz de las constancias asentadas en el acta de allanamiento, relativas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de 'La Chicho Show' – en particular, la existencia de habitaciones contiguas al local comercial que, evidentemente, eran utilizadas para la realización de los denominados en la jerga 'pases' – cabe preguntarse ¿Por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban, cuando, por lo menos, ello representaba una infracción a la ley 12331? La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta no es otra que la connivencia de Iglesias", concluyó Zapico en su dictamen.
Ambos funcionarios fueron procesados en octubre de 2016 y, debido a la apelación por parte de las defensas, ambas resoluciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en mayo de este año. En su inicio, la instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Marta Fernández de Odasso. Luego, continuó la investigación el fiscal Juan José Baric y finalizó la instrucción y formuló requerimiento de elevación a juicio la fiscal Adriana Zapico.
Se trata del segundo intendente de La Pampa en llegar a la instancia de juicio oral y público en un caso de similares características. En junio de este año, Luis Rogers, de Lonquimay, fue condenado por su participación en un caso de trata de personas.
La causa se inició el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la Brigada de Investigaciones UR-1. En esa oportunidad, una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que "trabajaba" en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y que "no habría estado conforme con su contexto laboral". El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería Chicho Show y con un tercer local también bonaerense.
El informante policial indicó que las víctimas "rotaban entre los boliches" y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que "al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular".
Posteriormente, se solicitaron varias intervenciones telefónicas, entre ellas al encargado del local Chicho Show y el 27 de agosto de 2011 se allanó la whiskería. Según uno de los testimonios, "en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado...".
Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa arrojaron pruebas de cómo funcionaba la red de trata en el cabaret y a su vez evidencian que tanto Cabak como Iglesias "tenían un cabal conocimiento de las actividades ilegales que se desarrollaban en Chicho Show". Además, se estableció que un gran número de mujeres obtuvieron libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Macachín y fueron prostituidas por los imputados en el local.
De la prueba recolectada, surge también que las víctimas provenían de distintos puntos del país; que en algunos casos eran de nacionalidad extranjera, en mayor medida de Paraguay y República Dominicana, y que ingresaban al circuito prostibulario con deudas, ya que debían pagar los pasajes de traslado, gastos, alojamiento y elementos de subsistencia. Además, vivían en el mismo lugar donde eran prostituidas.
Como resultado, los investigadores comprobaron que el cabaret era propiedad de Daniel De Luca y que funcionaba como una "casa de tolerancia" donde sus responsables obligaban a las mujeres a mantener encuentros sexuales con los clientes a cambio de una suma de dinero.
De acuerdo a la acusación del MPF, los acusados habrían brindado protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo La Chicho Show.
¿Qué dijo la fiscal Zapico sobre la participación de Cabak? "Conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno 'La Chicho Show' no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar", dijo. "Con todo ello, Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse".
En cuanto a la participación de Iglesias, Zapico sostuvo que también conocía "la actividad de prostitución" que se desarrollaba en la Chicho Show. En esa línea, resaltó que eso quedó demostrado a través del contenido de los diálogos telefónicos y también en los dichos de Cabak, en tanto "se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad y de los propios dichos de Iglesias puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución".
"Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse", dijo la fiscal.
"A la luz de las constancias asentadas en el acta de allanamiento, relativas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de 'La Chicho Show' – en particular, la existencia de habitaciones contiguas al local comercial que, evidentemente, eran utilizadas para la realización de los denominados en la jerga 'pases' – cabe preguntarse ¿Por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban, cuando, por lo menos, ello representaba una infracción a la ley 12331? La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta no es otra que la connivencia de Iglesias", concluyó Zapico en su dictamen.
Ambos funcionarios fueron procesados en octubre de 2016 y, debido a la apelación por parte de las defensas, ambas resoluciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en mayo de este año. En su inicio, la instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Marta Fernández de Odasso. Luego, continuó la investigación el fiscal Juan José Baric y finalizó la instrucción y formuló requerimiento de elevación a juicio la fiscal Adriana Zapico.
Se trata del segundo intendente de La Pampa en llegar a la instancia de juicio oral y público en un caso de similares características. En junio de este año, Luis Rogers, de Lonquimay, fue condenado por su participación en un caso de trata de personas.
La causa se inició el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la Brigada de Investigaciones UR-1. En esa oportunidad, una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que "trabajaba" en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y que "no habría estado conforme con su contexto laboral". El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería Chicho Show y con un tercer local también bonaerense.
El informante policial indicó que las víctimas "rotaban entre los boliches" y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que "al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular".
Posteriormente, se solicitaron varias intervenciones telefónicas, entre ellas al encargado del local Chicho Show y el 27 de agosto de 2011 se allanó la whiskería. Según uno de los testimonios, "en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado...".
Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa arrojaron pruebas de cómo funcionaba la red de trata en el cabaret y a su vez evidencian que tanto Cabak como Iglesias "tenían un cabal conocimiento de las actividades ilegales que se desarrollaban en Chicho Show". Además, se estableció que un gran número de mujeres obtuvieron libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Macachín y fueron prostituidas por los imputados en el local.
De la prueba recolectada, surge también que las víctimas provenían de distintos puntos del país; que en algunos casos eran de nacionalidad extranjera, en mayor medida de Paraguay y República Dominicana, y que ingresaban al circuito prostibulario con deudas, ya que debían pagar los pasajes de traslado, gastos, alojamiento y elementos de subsistencia. Además, vivían en el mismo lugar donde eran prostituidas.
Como resultado, los investigadores comprobaron que el cabaret era propiedad de Daniel De Luca y que funcionaba como una "casa de tolerancia" donde sus responsables obligaban a las mujeres a mantener encuentros sexuales con los clientes a cambio de una suma de dinero.
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