El próximo jueves 27 será tratado el presupuesto provincial 2013
La Cámara de Diputados resolvió pasar a cuarto intermedio para el próximo jueves 27, a las 11, para considerar el presupuesto provincial 2013 y además ratificó por mayoría el tema de las regalías petroleras lo que significó que insistió en la ley 2691, que fue vetada por el Poder Ejecutivo Provincial.
Uno de los temas era la ley de leyes, el Prespuesto 2012, y en el momento de su tratamiento el presidente de la b ancada justicialista diputado Daniel Lovera solicitó un cuarto intermedio para el jueves 27, a las 11, argumentando que se introducirán nuevas modificaciones al mismo por lo que hacía necesario aguardar unos días.
La Cámara de Diputados resolvió pasar a cuarto intermedio para el próximo jueves 27, a las 11, para considerar el presupuesto provincial 2013 y además ratificó por mayoría el tema de las regalías petroleras lo que significó que insistió en la ley 2691, que fue vetada por el Poder Ejecutivo Provincial.
Uno de los temas era la ley de leyes, el Prespuesto 2012, y en el momento de su tratamiento el presidente de la b ancada justicialista diputado Daniel Lovera solicitó un cuarto intermedio para el jueves 27, a las 11, argumentando que se introducirán nuevas modificaciones al mismo por lo que hacía necesario aguardar unos días.
El pedido fue aprobado por el resto de los bloques y como consecuencia de ello la última sesión de la legislatura será el próximo jueves 27, a las 11 horas.
El veto a las regalías petroleras
Sin dudas era uno de los temas esperados, el veto del ejecutivo a la ley 2691, el de las regalías petroleras. Dicha norma fue ratificada por lo que significa que habrá "un reparto entre los municipios productores del 20% del total de lo recaudado en concepto de regalías".
El miembro informante fue el diputado Pedro Etchalus (PJ) quien hizo un análisis y respuestas a las razones del veto y las observaciones que formuló el ejecutivo provincial y además indica que hay una redacción alternativa a la ley votada que es practicamente una delegación hacia ese ejecutivo habilitándolo para que analice y defina la asignación de recursos no solo correspondientes.
Destacó que es una norma que aumenta la asignación de fondos ya otorgados a los municipios provenientes de las regalías y/o paticipación en la producción de hidrocarburos, permisos de exploración y/o concesiones de explotación.
En énfasis señaló las diferencias del sistema de coparticipación provinical con el de distirbución de fondos establecido por la ley 2691, es que aquel es un sistema que fija derechos y obligaciones y los recursos que se asignan son de libre disponibilidad, mientras que la ley vetada es una norma que dispone transferencias de recursos condicionados e incondicionados, Estas transferencias no puede revestir el carácter de sistema de coparticipación por el origen de los fondos, ya que no puede preverse el financiamiento de los estamentos del estado con recursos agotables.
También habló sobre el presupuesto del año 2009 que se aprobó con déficit de 71.428.020 pesos, sin embargo la cuenta de inversión arrojó un déficit de 117.316.773,75, según los datos que surgen de la ley de presupuesto y de la cuenta de inversión de dicho año, respectivamente.
Dijo además que no se observa ningún precepto constitucional o legal que habilite o faculte al poder ejecutivo aprobar y ejecutar -que es lo más grave-gastos sin los correspondientes recursos.
Etchalus dijo que "entonces, o es el propio poder ejecutivo quien ha violentado las normas constitucionales y legales sobre el tema -que cita en su veto-o la interpretación armónica de los artículos 107 y 68 inc.13) y las normas legales citadas otorgan plena y total constitucionalidad a la ley sancionada por este cuerpo, la 2.691".
Por su parte el diputado Hugo Pérez (Frepam) dijo que la ley N° 2.691 fue sancionada el día 22 de Noviembre de 2012, por unanimidad en virtud de las atribuciones emanadas de la Constitución provincia: artículos 68, 115 y 116. Modifica parcialmente la Ley 2.392 del año 2007, que establece la distribución de las regalías hidrocarburíferas para aquellos municipios en los cuales se desarrollan actividades relacionadas.
Vetada el día 22 de Diciembre, deberá ser ratificada con sustento tanto en su procedencia constitucional, como su conveniencia política en cuento a la búsqueda de ansiadas y retrasadas autonomías municipales.
Encontramos transferencias "de hecho" del gobierno de La Pampa hacia las comunas, que se encargan de funciones que no le son propias, como educación, -pago de viviendas a docentes-, salud pública -pago a médicos, combustibles, saneamiento ambiental -cloacas-, y otros, sin los recursos correspondientes.
Por lo tanto, si adicionamos la distribución de recursos que la hace el gobierno provincial de manera totalmente arbitraria, con la única consideración de las banderas partidarias o el grado de afinidad y obediencia a su gestión, podemos afirmar que este esquema de ajuste responde a una conducta extorsiva, cuya única finalidad es ahogar financieramente a los municipios para conseguir aliados.
Sin dudas era uno de los temas esperados, el veto del ejecutivo a la ley 2691, el de las regalías petroleras. Dicha norma fue ratificada por lo que significa que habrá "un reparto entre los municipios productores del 20% del total de lo recaudado en concepto de regalías".
El miembro informante fue el diputado Pedro Etchalus (PJ) quien hizo un análisis y respuestas a las razones del veto y las observaciones que formuló el ejecutivo provincial y además indica que hay una redacción alternativa a la ley votada que es practicamente una delegación hacia ese ejecutivo habilitándolo para que analice y defina la asignación de recursos no solo correspondientes.
Destacó que es una norma que aumenta la asignación de fondos ya otorgados a los municipios provenientes de las regalías y/o paticipación en la producción de hidrocarburos, permisos de exploración y/o concesiones de explotación.
En énfasis señaló las diferencias del sistema de coparticipación provinical con el de distirbución de fondos establecido por la ley 2691, es que aquel es un sistema que fija derechos y obligaciones y los recursos que se asignan son de libre disponibilidad, mientras que la ley vetada es una norma que dispone transferencias de recursos condicionados e incondicionados, Estas transferencias no puede revestir el carácter de sistema de coparticipación por el origen de los fondos, ya que no puede preverse el financiamiento de los estamentos del estado con recursos agotables.
También habló sobre el presupuesto del año 2009 que se aprobó con déficit de 71.428.020 pesos, sin embargo la cuenta de inversión arrojó un déficit de 117.316.773,75, según los datos que surgen de la ley de presupuesto y de la cuenta de inversión de dicho año, respectivamente.
Dijo además que no se observa ningún precepto constitucional o legal que habilite o faculte al poder ejecutivo aprobar y ejecutar -que es lo más grave-gastos sin los correspondientes recursos.
Etchalus dijo que "entonces, o es el propio poder ejecutivo quien ha violentado las normas constitucionales y legales sobre el tema -que cita en su veto-o la interpretación armónica de los artículos 107 y 68 inc.13) y las normas legales citadas otorgan plena y total constitucionalidad a la ley sancionada por este cuerpo, la 2.691".
Por su parte el diputado Hugo Pérez (Frepam) dijo que la ley N° 2.691 fue sancionada el día 22 de Noviembre de 2012, por unanimidad en virtud de las atribuciones emanadas de la Constitución provincia: artículos 68, 115 y 116. Modifica parcialmente la Ley 2.392 del año 2007, que establece la distribución de las regalías hidrocarburíferas para aquellos municipios en los cuales se desarrollan actividades relacionadas.
Vetada el día 22 de Diciembre, deberá ser ratificada con sustento tanto en su procedencia constitucional, como su conveniencia política en cuento a la búsqueda de ansiadas y retrasadas autonomías municipales.
Encontramos transferencias "de hecho" del gobierno de La Pampa hacia las comunas, que se encargan de funciones que no le son propias, como educación, -pago de viviendas a docentes-, salud pública -pago a médicos, combustibles, saneamiento ambiental -cloacas-, y otros, sin los recursos correspondientes.
Por lo tanto, si adicionamos la distribución de recursos que la hace el gobierno provincial de manera totalmente arbitraria, con la única consideración de las banderas partidarias o el grado de afinidad y obediencia a su gestión, podemos afirmar que este esquema de ajuste responde a una conducta extorsiva, cuya única finalidad es ahogar financieramente a los municipios para conseguir aliados.
Pérez más adelante indicó que "observando la cuenta de inversión 2011, última rendición pública, se puede observar que los fondos destinados a las comunas de manera estrictamente arbitraria fueron de 150 millones de pesos. Casualmente, los fondos que se distribuirán con la aplicación de esta ley de manera automática, rondará los 30.000.000 de pesos".
Por lo tanto, podemos avizorar, aunque de manera atenuada, que estamos en presencia de una ley dirigida a favorecer las autonomías municipales, con la consecuente la pérdida parcial del esquema que utilizó el partido justicialista en los últimos 30 años: el ahogo financiero para conseguir adeptos, tras lo cual ratificó la ley, dijo el diputado Pérez.
Por lo tanto, podemos avizorar, aunque de manera atenuada, que estamos en presencia de una ley dirigida a favorecer las autonomías municipales, con la consecuente la pérdida parcial del esquema que utilizó el partido justicialista en los últimos 30 años: el ahogo financiero para conseguir adeptos, tras lo cual ratificó la ley, dijo el diputado Pérez.
Darío Hernández y Sandra Fonseca
Los diputados de Comunidad Organizada votaron en forma distinta, ya que Hernández adelantó que ratificará la ley, mientras Fonseca aceptó el veto del ejecutivo y solicitó que vuelva a comisión.
Tanos y Di Napoli
Los legisladores rechazaron en forma individual el dictamen, el cual fue finalmente fue ratificado, por todos los legisladores, a excepción de Fonseca, Tanos y Di Napoli.
Los diputados de Comunidad Organizada votaron en forma distinta, ya que Hernández adelantó que ratificará la ley, mientras Fonseca aceptó el veto del ejecutivo y solicitó que vuelva a comisión.
Tanos y Di Napoli
Los legisladores rechazaron en forma individual el dictamen, el cual fue finalmente fue ratificado, por todos los legisladores, a excepción de Fonseca, Tanos y Di Napoli.
Finalmente se trató el tema de la resolución, por la que se pide al gobernador de la provincia los pedidos detallados sobre la ley 2516, por la que se autorizó al ejecutivo a suscribir un convenio referido a la readecuación de las condición es contractuales de la licitación sobre Construcción del Estadio Polideportivo.-
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