En el marco de la presentación del Programa Provincial de Economía Social, el diputado Espartaco Marín (PJ), presentó un proyecto de ley que contempla un Régimen de Promoción de la Economía Social para la provincia.
En un trabajo en conjunto entre los legisladores del PJ y el Poder Ejecutivo provincial, se planteó la necesidad de contar con un marco jurídico provincial que revalorice y fomente la economía social, que se basa en los valores de igualdad, solidaridad, cooperación, y compromiso con el entorno territorial.
“El proyecto, de convertirse en ley, marcará un reconocimiento expreso a este sector tan importante de la economía y que ha venido en constante aumento, y donde es fundamental la aplicación y articulación de políticas públicas que contemplen las necesidades y realidades de sus actores”, expresó Marín.
Dicha economía que permite vislumbrar alternativas, sociales y culturales a partir de iniciativas de comercio justo, finanzas éticas, sustentabilidad ecológica, entre otras. Es una estrategia de desarrollo que busca valorizar un entramado social y económico que teje sus actividades y redes de una forma distinta a la economía dura y tradicional.
En esta normativa se contempla el espacio para realizar un Plan Estratégico de Desarrollo de la Economía Social, reconociendo a los sujetos que participan de ella por realizar actividades propias y compartir los fines, principios y valores de la misma.
Entre los puntos más salientes se estipula la creación de un Registro de Actores de la Economía Social con el fin de identificarlos, cuantificarlos, estudiarlos y brindar datos relevantes. Este debe, además, tener un carácter dinámico y ser proveedor de “información” para la mejor toma de decisiones.
Dada la vocación participativa del proyecto se propone la conformación de un Consejo asesor que represente a los distintos sectores de la economía social, así como al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a la Universidad, y a los municipios y comisiones de fomento, teniendo en cuenta las microrregiones provinciales. Asimismo establece la creación de un Fondo de Financiamiento y se propone la posibilidad de exenciones en cuestiones impositivas y fiscales.
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