Acusaron a 14 policías por el acuartelamiento

La defensa de los policías acusados cuenta con un plazo de seis días para hacer presentaciones y aportar más pruebas.La Oficina Judicial, luego, fijará fecha del juicio y determinará el tribunal de audiencia que estará a cargo del debate.

El fiscal general Guillemo Sancho acusó el lunes pasado a 14 policías involucrados en el acuartelamiento de diciembre del año pasado por el delito de sedición y le pidió al juez de Control, Daniel Saez Zamora, que eleve la causa a juicio. Los imputados tienen un plazo de seis días para formular apelaciones y pedir pruebas y luego la Oficina Judicial fijará fecha para el debate y designará al tribunal de audiencia que quedará a cargo del juicio.

Los policías acusados por sedición (artículo 229 del Código Penal) son Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Fernando Rolhaiser, Diego Hernán López, Carlos Daniel Gatica, Daniel Narciso López, Carlos Aníbal Mendibe, Marcelo Cisneros, Roberto Germán Bartolomé, Jeremías Martín Salvatierra, Silvio Norberto Rojas y Pablo Montes y los retirados José Luis Furriol y Rodrigo Wiggenhauser.

Hay dos policías, Rojas y Montes, que también están acusados del delito de coacción y daño (183 bis y 149 bis segundo párrafo). Según el fiscal Sancho, aquel 12 de diciembre los dos uniformados se hicieron presentes en la sede de Vialidad Provincial y luego de violentar el portón de ingreso e intimidar a los presentes, cargaron combustible en un patrullero.

Las audiencias de formalización de los policías involucrados se habían hecho en abril (foto). Ahora, Sancho concluyó la investigación, con testimonios y prueba documental, como informes de la Procuración General de la Nación sobre los acuartelmientos en otras provincias.

Sancho sostiene en la acusación que el acuartelamiento no fue un hecho aislado en el país y esto es un elemento más de la gravedad del hecho. El funcionario judicial sostiene que “Santa Rosa fue una zona liberada” durante el acuartelamiento y la toma del edificio de la Jefatura de Policía y considera que los policías tenían como objetivo “arrancarle concesiones” al Poder Ejecutivo Provincial.

“Cesó cuando lograron uno de esos objetivos”, apuntó durante la audiencia de formalización que se hizo a principio de año. En cuanto a los reclamos, el fiscal sostuvo que “seguramente eran legítimos, pero son inadmisibles los medios que utilizaron, como otra de las peticiones de descabezar la cúpula policial pidiendo las renuncias del jefe y del subjefe”. Sancho también habló de la “situación de riesgo tremenda” en que estuvo la ciudad.

El acuartelamiento, en medio de reclamos salariales y laborales, comenzó alrededor de las 23 del miércoles 11 de diciembre del año pasado y se extendió hasta las 0.10 del viernes 13. En medio de un día de tensión, Casa de Gobierno hizo una oferta salarial a los policías acuartelados, les propuso un aumento del 19% del salario de bolsillo y, así, los policías levantaron la protesta.

El Gobierno también se comprometió a estudiar la flexibilización en la aplicación del pase a disponibilidad y las sanciones, y a acelerar el pago de los trabajos de los adicionales, más adelante.

Penas

Tal como lo disponen los artículos 229 y 230, la sedición está castigada con prisión de 1 a 6 años para quienes armen una provincia contra la otra sin rebelarse contra el gobierno nacional, "alzándose en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir aunque sea temporalmente, el libro ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley".

En tanto, se establece una pena de 1 a 4 años en la cárcel para aquellos individuos de una fuerza armada o reunión de personas que peticionaran en nombre del pueblo, y en el siguiente inciso, se aclara que también para aquellos que participen de un alzamiento público con el objetivo de impedir la ejecución de leyes y resoluciones, tanto nacionales como provinciales.