Crearon una comisión que determinará las inversiones y los márgenes de ganancia de las empresas. Y regulará los precios de los combustibles. Provincias preocupadas por la avanzada.
A través de un decreto, el Gobierno conformará una comisión de inversiones hidrocarburíferas que puede cambiar por completo el funcionamiento del sector petrolero. Toda comercialización de combustible, en cualquiera de sus formas, deberá ser aprobada por esa comisión, que estará bajo la órbita del viceministro de Economía Axel Kicillof.
La norma, que llega como parte de la ley que expropió YPF, obligará a las petroleras a tener que esperar que sus planes de inversión sean aprobados por el Gobierno antes de iniciar cualquier proyecto.
La comisión regulará todos los precios de los combustibles , las cantidades que se podrán destinar al mercado externo y hasta podrá sancionar a las compañías con la quita de las concesiones, aunque se supone que esa es una facultad de las provincias.
Entre los analistas del sector, empresarios petroleros y varios gobernadores había una coincidencia: e s la reforma más drástica desde los 90.
“Este decreto es mucho más fuerte que la estatización de YPF. Cambia las reglas del sector petrolero por completo”, coincidieron cinco consultados, que pidieron no ser identificados.
La comisión del petróleo estará conformada por un representante de la secretaría de Política Económica del ministerio de Economía (de Kicillof), otro de la secretaría de Energía de Planificación (a cargo de Daniel Cameron) y un tercero de la secretaría de Comercio Interior (Guillermo Moreno).
El Gobierno fijará los precios “razonables” para los combustibles y definirá los márgenes de rentabilidad con las que tiene que manejarse las empresas del sector.
“Kicillof –a quien se identifica como el cerebro de esta norma– determinará nuestras ganancias ”, contestaban ayer en varias empresas.
Las compañías tienen hasta el 30 de septiembre para presentar su plan de inversiones, que el Estado contestará dentro de los 60 días. Después, habrá revisiones trimestrales para determinar el nivel de cumplimiento de las empresas petroleras a las pautas exigidas por el Gobierno. “Los sujetos se encuentran obligados a suministrar la información técnica cuantitativa o económica”, que pida Kicillof. “Las petroleras planean a plazos muy largos, no se pueden someter a la decisión de un funcionario y otorgar datos confidenciales”, explicaban los analistas.
En tres provincias petroleras había ayer mucha preocupación . Los gobernadores cobran regalías en función de lo que producen las petroleras. Pero si las compañías reciben un menor precio por sus productos –como puede suceder con el decreto–, terminarán pagándole menos a los gobernadores, lo que debilitará las arcas provinciales.
La norma de ayer deroga la libre disposición de petróleo , elimina la posibilidad de que las compañías puedan exportar o importar sin autorización del Estado y barre con cualquier idea de un precio “libre ”. “Antes, el precio de la nafta era impuesto por Moreno de manera informal. Ahora será Kicillof, pero por escrito”, contaban en el sector.
La comisión “publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles”, detalla el decreto.
Para que cualquier inversión sea viable, tendrá que encuadrarse en función del plan de inversiones hidrocarburíferas que irá trazando la comisión gubernamental.
Si una petrolera tiene pautada una “parada técnica” para realizar mantenimientos –algo usual en la industria– primero deberá contar con el aval de esta comisión . “La comisión tendrá como objetivo asegurar el abastecimiento de combustibles a precio razonable”, indica el decreto.
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