La causa judicial impulsada por las ONG contra la Municipalidad y Autobuses Santa Fe empieza a entrar en etapa de definiciones. El magistrado haría una inspección ocular en los vehículos.
El juez civil Claudio Soto finalizó con la recolección de declaraciones testimoniales en el marco de la causa judicial impulsada por distintas ONG por la falta de accesibilidad en los colectivos de la empresa Autobuses Santa Fe.
La Fundación ACCIÓN, Asociación Caleuche, LIPEBI, LIPADI, Fundación Madre Teresa y CADAD habían presentado un recurso de amparo para que tanto el municipio como la empresa cumplan con la accesibilidad para los usuarios del servicio de colectivos urbanos. Reclamaban que se utilicen unidades de piso bajo, como las que tenía Plaza cuando estaba a cargo del servicio.
El pasado miércoles, el juez Soto terminó de escuchar a los testigos que presentaron cada una de las partes y ahora quedaría una inspección ocular a la que todavía no le puso fecha. Luego de esa medida, estaría en condiciones de resolver el amparo.
Situación
Hasta el momento, según pudo saber "La Pampa, ahora" de fuentes judiciales, cada una de las partes se mantuvo en su posición. Desde la Municipalidad, admiten que la situación no se condice con lo que se pedía en el pliego de licitación. Pero sostienen que la accesibilidad está garantizada con combis adaptadas y con rampas mecánicas que serán agregadas a los colectivos, además de algunas unidades de piso bajo que ya circulan.
Desde las ONG, pretenden que todas las unidades tengan piso bajo, tal cual lo exigía el pliego que las autoridades prefirieron “saltear” amparándose en la urgencia que tenían para contar con el servicio.
El argumento de las organizaciones, es que no solamente se ven afectadas las personas con discapacidad que no pueden acceder a las unidades. También se ven en desventaja personas mayores, obesas o los niños por lo difícil que es acceder a un colectivo. Y sostienen que los argumentos de la Municipalidad “le hacen el juego” a la empresa, que utiliza unidades más baratas y con menos mantenimiento.
Servicio
Actualmente, hay cuatro colectivos de piso bajo de un total de 32 unidades con las que Autobuses Santa Fe brinda el servicio en Santa Rosa. La Municipalidad ofreció, mientras tanto, poner rampas. Desde fines del año pasado, circula una combi adaptada cuyo servicio hay que pedir a un 0800.
Los incumplimientos de la empresa comenzaron desde el primer día. Incluso, la comisión de preadjudicación calificó su oferta (la única que se presentó) con 4,70 puntos. Entre los aspectos que le cuestionaban, uno era la intención de poner a disposición una combi en el momento del inicio del servicio y otra recién a los 6 meses de iniciada la tarea para los discapacitados.
Judicialización
En octubre, las ONG presentaron el amparo para exigir que se cumpla con la accesibilidad. El juez Soto fue el que le dio viabilidad y el caso recayó en la jueza civil Susana Fernández (a cargo del juzgado civil 1) quien se excusó ya que posea una discapacidad motriz. Por eso volvió a manos del mismo Soto.
La presentación la firmaron seis ONG locales, quienes presentaron actas que certifican que las personas con discapacidades físicas no pueden acceder al servicio de transporte urbano de pasajeros porque los micros tienen el piso alto. En rigor es una altura convencional que dificulta a las personas discapacitadas y con movilidad reducida ascender a los colectivos.
Sobre los últimos días del mes de diciembre, el bloque de concejales del Frepam denunciaron penalmente al intendente Luis Larrañaga y dos secretarios: Javier Schlegel (Obras y Servicios Públicos, ya renunciado) y Miguel De Elorriaga (Hacienda). La presentación llevó la firma de los ediles Marcos Cuelle, Guillermo Di Liscia, Cecilia Roigé y Félix Villatoro.
Los términos del documento presentado a la fiscalía destacan el incumplimiento de los funcionarios públicos a sus deberes, al aceptar la oferta de la prestadora Autobuses Santa Fe en clara violación del pliego licitatorio que aprobó el Concejo Deliberante para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros, principalmente en lo que tiene que ver con la accesibilidad.
Nota del Director:
Los ediles y, demás funcionarios que han intervenido en la Pre-adjudicación, deben de ser investigados ya que o no han cumplido como corresponde con sus deberes (por los que cobran un generoso sueldo o, han recibido alguna dádiva de la empresa); otra variante es que sean incapaces de cumplir su función y, entonces deberían de ser expulsados de dichos cargos. La empresa, como todas busca obtener ganancias, pero para ello debe de operar cumpliendo con todas sus obligaciones, cosa que es evidente que no hace.
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