Temas de la semana que se ha ido fueron: los acuerdos en el PJ que le posibilitarían un alivio a la gestión provincial; y la Policía en el centro de la escena por el maltrato de unos y el acuartelamiento de otros.
Una de cal...
El partido del gobierno a nivel provincial vivió una semana en la que parece haber preparado el terreno para gestar una estabilidad política que concuerde con cierta pacificación de las variables macro-económicas nacionales, que transformaron a la realidad en un escenario menos tenso y virulento del que se soportó en las semanas previas e incluso respecto del que algunos dirigentes y sectores auguraban.
En La Pampa -que desde ya depende en buena parte de lo que ocurra a nivel nacional para mantener su paz social, su nivel de empleo y otras variables que hacen a la vida cotidiana- el gobierno de Oscar Mario Jorge aparenta haber definido una estrategia que le permita conservar la gobernabilidad sin tener que afrontar conflictos con los propios dirigentes de su partido.
Mucho más allá de las balas de fogueo o de posteos individuales en las redes sociales, el oficialismo deja la sensación de reagruparse en algo parecido a lo que el peronismo llama “unidad”, con lo cual también se vuelve una declaración de ocasión aquello del necesario “trasvase generacional”, puesto que las cabezas visibles del nuevo arreglo han sido los viejos caciques del PJ pampeano: Rubén Marín, Carlos Verna y Oscar Mario Jorge.
Para el gobierno, el nuevo panorama puede resultar alentador, sobre todo en la misma semana en que logró adjudicar sin cuestionamientos su nueva “niña mimada”, que es la obra del hospital de alta complejidad; y en la que se aseguró que quedará firme el veto del Ejecutivo al presupuesto provincial que le habían aprobado por su cuenta los diputados.
Por un lado, el acuerdo supone una repartija equitativa de los cargos partidarios, al mismo tiempo que una suerte de reconocimiento -por llamarlo de algún modo- a la insistencia que puso Marín en convocar a los distintos actores, y quien merced a ese gesto todo indica que mantendría la presidencia del partido.
Es curioso: Marín es posiblemente el dirigente que más ha hablado de la necesidad de “unidad”, el que centralizó esa temática en su discurso, el que a través de los medios más convocatorias hizo, por más que a la hora de la verdad esa tarea resultara un fracaso incomparable (nunca el PJ pampeano tuvo una interna entre 7 candidatos como ocurrió en las PASO de agosto) y pese a que el antiguo caudillo no luciera tan interesado en un consenso general como en limpiarle el camino a su hijo Espartaco.
Los pergaminos de Marín como conductor, su historia en el peronismo que en algunos aspectos roza la leyenda, el reconocimiento de que es un “animal político” -en el mejor de los sentidos- le garantizan sin embargo un respeto generalizado por parte de los dirigentes de diversos espacios: eso incluye al gobierno provincial, que en este particular momento de zozobras, y ante una negociación con los gremios que puede resultar conflictiva, necesita de ese respaldo.
Por eso algunos de los intendentes de Compromiso Peronista, con ese panorama a la vista, propusieron atar el acuerdo a un aspecto más importante que la propia repartija de cargos: la necesidad de un pacto de no agresión con los diputados que responden a otros sectores internos, y que tienen en sus manos alzadas o levantadas una indubitable capacidad de daño y obstaculización.
De todos modos, el PJ pampeano puede sortear este particular momento dando imagen de cierta armonía, pero eso no implica que no haya profundas confrontaciones internas que tarde o temprano -sobre todo con el 2015 a la vista- saldrán a la luz, y que incluso ya generan rispideces en este momento, donde el intendente Luis Larrañaga, que es integrante de Compromiso Peronista, tiene sus propias ambiciones de conducción en la ciudad.
...y una de arena...
...y una de arena...
Los policías que protagonizaron el acuartelamiento de fines del año pasado desfilaron ante el Poder Judicial con la boca cerrada: el pacto de silencio para no pronunciar ante las autoridades que los investigan las razones de su sedición contradice su exposición pública, puesto que en ese ámbito hay quienes siguen profiriendo máximas en tono desafiante.
La actitud parece propia de quien tiene la seguridad de haber resultado derrotado, o la certeza de que no hay modo de zafar de lo que fue a todas luces una conducta ilegítima, tramada como una maniobra que excedía incluso los límites de nuestra provincia.
Si el Poder Judicial va a fondo en el asunto no tendrá muchas más opciones que sancionar con el peso de la ley a los uniformados que en esos tensos días del año pasado usaron en contra de la comunidad los recursos económicos, simbólicos y de otro tipo que esa misma ciudadanía pone en sus manos con el objetivo de la protección y la aplicación de la ley, y no sus exactos contrarios: la desprotección y la ilegalidad.
El insurrecto comportamiento de esos días por parte de una minoría de los integrantes de la fuerza policial fue, entre otras cosas, un desafío al ejercicio del poder democrático: en ese sentido, la sociedad y las instituciones se deben una revisión -pero a fondo- de algunas de las características con que se han formado y se forman los policías.
No puede señalarse que sea precisamente una excepción cierto accionar violento o abusivo por parte de los integrantes de esa fuerza.
Durante la semana que se fue han aparecido nuevos ejemplos -que no son los únicos- respecto de la conducta que tienen algunos uniformados.
Si bien deben ser evitadas las generalizaciones, hay episodios que instalan la pregunta respecto de si determinados procederes son apenas el fruto de acciones individuales o si ese tipo de actuaciones cuentan con un aval -a veces sólo tácito, a veces apenas inconsciente- de otros compañeros de la fuerza y particularmente de los superiores.
La golpiza que sufrió Damián Marsero tuvo impacto mediático por el hecho de que la víctima de las agresiones se animó a formular la denuncia -formal y pública- a partir de que cuenta con determinados recursos (económicos, educativos y de otro tipo), pero no hay dudas de que los padecimientos de otras víctimas -en su mayoría, jóvenes, pobres y morochas- quedan muchas veces ocultos de la mirada de la ciudadanía.
En la misma semana, una disputa barrial de la que pueden contarse de a decenas en una ciudad como Santa Rosa, terminó con una inusitada dosis de violencia: una joven fue agredida de modo salvaje por varios integrantes de una familia, entre los que se incluye un efectivo policial, de acuerdo a la denuncia.
Ese hecho es otro de los que permite advertir sobre ciertos efectivos policiales que usan el poder que les otorga su rol social -y el hecho de contar con uniformes y armas, entre otras cosas- para actuar con impunidad y cometer los hechos que en realidad debieran prevenir y sancionar.
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