La Cámara Federal de Bahía Blanca pidió la intervención de la Corte por los dichos del fiscal federal respecto de las supuestas "trabas" a las investigaciones por trata de personas.
Las declaraciones en las que el fiscal federal Juan José Baric se presentó a sí mismo como un luchador contra las trabas del poder político y del Poder Judicial, terminaron siendo un “boomerang”: la Cámara Federal de Bahía Blanca dispuso que esos dichos, y las omisiones del funcionario judicial, sean analizadas por la Corte Suprema de Justicia para que se determine si merecen alguna consecuencias institucional.
La Cámara retó de modo severo a Baric, reprochándole su “afición por el escándalo y la mediatización”. Los jueces Néstor Luis Montezanti, Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes afirman que tiene “una conducta reñida con las reglas que deberían regirla”. Y le recuerdan que debió haber formalizado una denuncia si -como dijo públicamente- tenía conocimiento de que había quienes ponían obstáculos a sus pesquisas.
Las declaraciones de Baric, en su momento, provocaron la reacción de la jueza Iara Silvestre, quien difundió un comunicado de prensa sobre el tema y no quiso hablar más de la cuestión. A su vez, el texto original del artículo que había publicado la página de la Procuración fue modificado. Ahora intervino la Cámara, que publicó su decisión en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).
Los camaristas cuestionan de manera extraordinaria al fiscal. Enrostran que “los términos del escrito suscripto conjuntamente por el autor de las declaraciones y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandro Cantaro importan claras y graves imputaciones al desempeño del nombrado órgano jurisdiccional, que de ningún modo pueden quedar en la mera enunciación escrita sino que ameritan una investigación por la autoridad competente”.
“Es en este sentido llamativo que sus firmantes no se hayan apercibido de ello y hayan omitido formular la denuncia que, en su caso preciso, era además su específico deber jurídico. Cosa que el tribunal puede señalar pero no pasar por alto”, advierten los magistrados.
El reto tampoco elude una refefencia a “la notoria afición del fiscal subrogante pampeano por el escándalo y la mediatización de los asuntos en que interviene, saltando olímpicamente la austera manda republicana de la Res PGN 128/19 como si, axiológicamente, prefiriera a una república nomocrática una mediocrática”.
“Porque en efecto si bien sus declaraciones fueron reproducidas inicialmente en el propio portal informático de la PGN, lo fueron en una suerte de artículo o crónica periodística suscripta por ‘Ana Inés Cabral’ (que no se sabe qué titulo inviste o qué función cumple en dicho órgano), y que reproduce las declaraciones como si éstas hubiera sido ya efectuadas en otra parte que no precisa y sin que puedan -por su mero estilo- considerarse un ocurso ante la máxima autoridad en los términos de la ley 24.946”.
“Llamativa ligereza”
Los camaristas insisten en sus críticas al fiscal Baric, con advertencias y sin ahorrar adjetivos calificativos: “Esta proclividad escandalosa y de llamativa ligereza, se adensa cuando se compara el título / crónica de Cabral (‘...cómo investigar las complicidades del poder político’) y la manifestación muy suelta de Baric ante el principal diario de su sede funcional : ‘Mis críticas fueron al Poder Judicial y no a sectores políticos’. O la extensión a toda institución judicial de imputaciones de ‘negligencia, desidia o fastidio’, que luego se redujo como se dijo a cuatro personas, una de ellas fallecida, otro abogado subrogante ocasional y la tercera subrogante pleno, cesado por el CdM”.
Los camaristas refieren en ese caso a una entrevista que Baric tuvo con el diario “La Arena”. Sobre el mismo artículo, señalan: “Lo que llega al clímax es la afirmación de que fue necesario ‘amenazar’ a la actual juez subrogante con ‘denunciarla’ si no dictaba los procesamientos requeridos; que fue allanada ante el periodismo santarroseño con esta irenista proposición: ‘usar la palabra ‘amenazar’ (contra Silvestre) fue una expresión poco feliz’. Y esto porque la aludida jueza Silvestre le había formulado ya el espartano requerimiento”, hacen notar Montezanti, Mera y Planes.
Aseveran, además: “Inquietantemente, el pie de dicha crónica (‘Silvestre y Baric compiten por el mismo lugar’), introduce un elemento de bajeza ‘humana, demasiado humana’, que -cierto, o conjetural- para nada edifica la imagen social no sólo del PJN sino del mismo Ministerio Público Fiscal”.
“Todo esto configura, por parte del aludido fiscal, una conducta reñida con las reglas que deberían regirla, y que afectan el prestigio del Poder Judicial, y de la persona que actualmente subroga dicho Juzgado, sin que sea dado a esta Cámara intervenir directamente en el problema”, afirman los jueces.
Interpretan entonces que “corresponde que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de de cabeza del Poder Judicial, quien lo haga a requerimiento de este Tribunal”.
Por lo tanto, la Cámara determina en su resolución administrativa dirigirse al Consejo de la Magistratura para poner “en su conocimiento las graves irregularidades que se atribuyen por el Ministerio Público Fiscal a diversos integrantes del Juzgado Federal de Santa Rosa (La Pampa) y que dicho órgano extra-poder omitió denunciarle”.
Se dirige también a la Corte “requiriéndole la intervención que juzgare corresponder ante la Procuración General de la Nación, frente a un cabal conflicto ínter orgánico de poderes o extra-poderes independientes, que resulta de lo actuado y considerado en el presente dispositivo”.
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