Accesibilidad en el transporte: ONG reclaman voluntad política para cumplir el fallo

Las organizaciones que motorizaron los planteos judiciales para atender la demanda de las personas con movilidad reducida evalúan la posibilidad de solicitar la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante. Aunque el Poder Judicial les dio la razón en distintas instancias, "no encontramos modo de hacer efectiva la sentencia", dijo el abogado Nicolás Romano.

Las ONG que en representación de las personas con movilidad redudica plantearon la necesidad de un transporte público accesible, quieren ahora meter presión para que aparezca la "voluntad polítiica" de distintos actores y se haga cumplir con la decisión del Poder Judicial.

Tal como se informó, fue rechazado el planteo municipal para rechazar la sentencia que obliga a que los colectivos tengan piso bajo. Sin embargo, no hay modo de hacer cumplir de manera efectiva esa decisión. Así lo confirmó el abogado que hizo el planteo, Nicolás Romano.

El letrado recordó la historia del conflicto: ·El transporte, antes del 24 de agosto de 2013 era un servicio accesible: las personas con movilidad reducida tenían un piso bajo para acceder, y quienes tenían sillas de ruedas tenían su lugar. Con el inicio del nuevo servicio, las organizaciones civiles manifestaron en el Consejo de Discapacidad que Autobuses no cumplía con el pliego y las normativas".

Por esa razón se hizo el planteo: "Los colectivos deberían tener piso bajo, tal cual lo dice la ley". Desde el Poder Judicial "se rechazan todos los agravios tanto de Autobuses como de la Municipalidad".

Romano explicó que "el proceso es sumarísimo, cuando se dicta sentencia se señala que se puede ejecutar. La cuestión es que no encontramos la forma jurídica de hacer cumplir eso al municipio y a la empresa. Podemos iniciar la ejecución de la sentencia, incluso sin necesidad de esperar la de Cámara. Pero no tenemos medio adecuado, no hay instrumento legal que permita lograr esa situación. No tenemos forma de obligarlos", lamentó.

También supuso que Autobuses y la Municipalidad, "dentro de los diez días de la notificación, interpondrán el recurso extraordinario provincial. Estamos pensando en encontrar alguna forma, es complejo obligar a alguien a cumplir algo. Lo único que se nos ocurre es una multa, pero la pagarían los ciudadanos y no los funcionarios, y tampoco queremos perjudicar a la comunidad", aclaró.

"Lo que evaluamos -dijo- es presentarnos en la Banca del Vecino, para solicitar al cuerpo que dicte la nulidad del pliego y llame a una nueva concesión. Pero correr con ese riesgo implica a su vez dejar a los vecinos sin servicio y a veces uno también debe ser responsable, es una cuestión de debemos evaluar desde las organizaciones civiles".

"Lamentablemente así funciona el estado, al menos este estado municipal siempre va atrás de las cosas y no adelante", insistió Romano.

Comentó en declaraciones a Radio Kermés que "la decisión es política, no jurídica. Con la cuestión jurídica hacemos saber que el derecho correspondía, que en realidad lo sabíamos. La solución al conflicto es política".

Finalmente, advirtió: "La mayoría de los concejales de la actualidad, estuvieron de acuerdo en hacer un proyecto de interés o declaración, pero si tuvieran la voluntad política podrían hacer caer la concesión. Lo que no tienen es una voluntad política firma, sino más declarativa. Tienen el poder para hacer las cosas como corresponden".