Faltan estudios y controles

POR RAÚL MONTENEGRO BIÓLOGO (*)

Un experto en salud ambiental explica los efectos de los plaguicidas en la población.

En Argentina se usan más de 300 millones de litros de plaguicidas por año. Millones de personas están expuestas a sus riesgos. Lamentablemente la legislación sólo protege de dosis letales, no de pequeñas dosis, que en forma crónica pueden alterar el sistema hormonal y el sistema inmune, además de desencadenar enfermedades, malformaciones y cáncer.

La población expuesta a la fumigación no sabe que tiene plaguicidas en sus organismos. Los recibieron por exposición directa, al consumir sedimentos de tanques de agua , partículas de suelo y alimentos contaminados. Y también por vía transplacentaria y lactancia materna cuando eran embriones, fetos y bebés pequeños, pues sus madres almacenaban plaguicidas en sangre y el tejido graso.

Precisamente, desde la Universidad Nacional de Córdoba y laUniversidad de California (Estados Unidos) iniciaremos este año un estudio en Chaco sobre contenido de plaguicidas en sangre de niños y leche materna.

Estamos observando cómo crece la diversidad de plaguicidas en uso, antiguos y recientes, y la superficie cultivada con transgénicos. Por esta causa aumentan en Argentina los enfermos y las muertes evitables, mayoritariamente sin registrar, y además disminuyen bosques y biodiversidad por desmonte y toxicidad de plaguicidas. La escasa visibilidad de esta problemática se debe a la ausencia de registros y la falta de monitoreo de residuos de plaguicidas.

Lo que no se mide parece no existir, pero existe .

Los gobiernos provinciales, la Nación, las empresas y los productores son responsables. El SENASA sigue autorizando tóxicos sin procedimientos independientes, y sus dos organismos de control de plaguicidas, SIFFAB y SICOFHOR, no controlan o lo hacen mal. Esto lo dictaminó la Auditoría General de la Nación el año pasado.

Las denuncias de malformaciones y casos de cáncer en Chaco, Misiones, Santa Fe y Córdoba hicieron visible el problema. Pero la codicia pública y privada parece valer más que la salud de las personas.

(*)Profesor de Biología Evolutiva, Universidad Nacional de Córdoba