Morisoli dice que los cuyanos "hace 60 años que usan el agua del Salado a destajo"

El diputado provincial del PJ, Juan Pablo Morisoli, rechazó declaraciones del fiscal de Estado de Mendoza, que sugirió que para reclamar por el Salado la provincia eligió la confrontación en lugar de la conciliación.

El diputado provincial del PJ, Juan Pablo Morisoli, rechazó de forma terminante las declaraciones públicas del fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, que fueran publicadas en distintos medios periodísticos de la vecina provincia, en las que expresó que La Pampa recurrió a "la opción del conflicto interprovincial", al referirse a la postura de la legislatura provincial sobre los derechos pampeanos sobre el río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.

A fin del mes pasado, la legislatura aprobó por unanimidad una iniciativa por la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que inste una acción de amparo ambiental en defensa del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.

“La exhortación de este cuerpo parlamentario responde a la certeza y convencimiento, que nuestra provincia debe sostener -siempre y en todo momento- una postura firme y clara, en defensa de nuestros derechos sobre los ríos interjurisdiccionales, que también nos pertenecen. Sin embargo, algunos medios de comunicación de la provincia de Mendoza han interpretado que esta postura y acciones como una forma de hostigamiento y de confrontación, y en ese marco, el actual Fiscal de Estado mendocino ha sostenido que nuestra provincia ha optado por el conflicto antes que la conciliación”, explicó el diputado.

“Desde la perspectiva de nuestros derechos sobre las aguas que surcan el suelo cuyano y atraviesan nuestra provincia hasta desembocar en el mar, no es esa la realidad, pues lo cierto es que desde hace más de 60 años las provincias cuyanas vienen utilizando esos recursos interprovinciales en forma indiscriminada, inconsulta, a total destajo y beneficio propio, violando la normativa que regula estas situaciones, y sin tener en cuenta opiniones de los más importantes juristas en la materia hídrica , como por ejemplo, la del doctor Guillermo Cano”, replicó.

En ese sentido, señaló que Cano -el primer secretario de Recursos Hídricos de la Nación- en uno de sus estudios sobre Ríos Interprovinciales planteó que "desde la Conferencia Nacional de Abogados, reunida en 1936, vengo sosteniendo de que los ríos interprovinciales no navegables pertenecen en condominio público a las provincias que cruzan o limitan". Y agregó que “completada por el aserto de que su uso debe ser reglado por tratados interprovinciales, y en defecto, de acuerdo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e integrada por la negación de competencia al Congreso para legislar sobre la materia. En afirmar esa doctrina estoy en la buena compañía de Marienhoff, Wauters, Padilla, Serrey, Soldano y Bas: en la de la Cámara de Diputados de Mendoza; y sobre todo, en la de las provincias participantes de la Conferencia del Rio Colorado -Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén , Río Negro- que el 29 de Agosto de 1956, que en Santa Rosa la hicieron suya proclamando su exclusivo derecho a reglar -con exclusión de injerencia del gobierno nacional- el aprovechamiento de ese río".

Morisoli precisó que “en otro de sus profusos trabajos doctrinarios sobre Hidrología de Mendoza, que tal vez el joven fiscal de Estado Simón desconozca, nos informaba Cano que ‘todos los ríos mendocinos con exclusión del río Malargue, son interprovinciales’”.

“Teniendo presente la doctrina y legislación aplicable, este cuerpo ha sostenido y reiterado en infinidad de oportunidades la necesidad -urgente- de formar los Comité de Cuenca de nuestros ríos Desaguadero-Salado-Chadileuvú y Atuel, a los fines que explicita nuestra Constitución Nacional y las leyes del Ambiente (Ley 25.675) y de Presupuestos Mínimos en Política Hídrica (Ley 25.688)”, insistió.

“Será esta una vez más, pero no la última, que esta Legislatura actúe se proclame en defensa de nuestros ríos interprovinciales y rechace posturas equivocas algunos funcionarios públicos de la provincia de Mendoza, quienes para justificar el uso abusivo de los ríos interprovinciales, no dudan en negar y echar al olvido los fundamentos de uno de los mentores de su desarrollo hídrico y productivo”, completó. Morisoli presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados.