Un fallo alentador y una demanda cuestionada

En la columna editorial de todos los lunes, La Arena Jorgista, una mirada sobre la resolución del juez Soto (foto) relacionada con la falta de accesibilidad del transporte urbano en la ciudad, y los reparos de la Fuchad al juicio del Gobierno por el Atuel.

Una de cal...

La decisión del Poder Judicial de que los colectivos que cumplen el servicio de transporte urbano de pasajeros adecúen su realidad para evitar discriminaciones terminó durante la semana que se fue por darles la razón a las organizaciones no gubernamentales que venían haciendo ese planteo con respaldo de la dirigencia de la oposición política.

El dictamen del juez Claudio Soto pone las cosas en su lugar al ordenar la colocación de pisos bajos y deja otra vez mal parada a la gestión del intendente Luis Larrañaga, que durante el proceso se mostró más como protectora del interés empresarial que como representante de los ciudadanos de la capital pampeana.

El magistrado, además, desoyó con su decisión -saludablemente- las presiones que la firma había hecho públicas, cuando advirtió que sería capaz de abandonar el servicio si la obligaban a adaptarse al planteo de los representantes de discapacitados.

La decisión judicial se caía de madura, si la situación se observa desde el más elemental sentido común, puesto que constituía un retroceso respecto de lo que venía ocurriendo y del modo en que las anteriores prestatarias del servicio -lejos de representar una calidad suprema- lo habían ofrecido a los santarroseños.

En este contexto, la empresa hace otra aparición que la enemista necesariamente con los habitantes de la capital provincial, puesto que asevera como si tal cosa que el boleto debiera costar nada menos que 6,50 pesos.

La historia del municipio santarroseño con la empresa Autobuses Santa Fe nació mal, así continuó y no puede aventurarse que repentinamente se encarrile, a partir de la conducta que han exhibido tanto los empresarios como los funcionarios, que han puesto claras energías en que se garantice el negocio de la prestataria, pero lejos han estado de atender el bien común.

La ausencia de los pisos bajos que ahora obliga a colocar la Justicia no solo constituía un retroceso respecto de la realidad anterior, no solo implica una discriminación, sino que además significó una irregularidad respecto del contenido de los pliegos, puesto que con diversas maniobras y excusas se buscó el modo para evitar lo que a todas luces era una exigencia elemental.

El fallo judicial es bienvenido y le otorga a la Municipalidad la posibilidad de revisar los pasos que dio durante este proceso, aunque también la obliga a actuar de determinado modo: no hay excusa para que la comuna no reclame de modo urgente que se practique la nueva exigencia.

Solo de ese modo, y posiblemente ni aun así, los funcionarios podrán aventar las sospechas que existen respecto de la connivencia con los representantes de la empresa, en perjuicio de los vecinos.

...y una de arena

La advertencia que formalizó la Fundación Chadileuvú en un documento era un secreto a voces: es al menos ambigua y confusa la estrategia adoptada por el Gobierno Provincial para accionar judicialmente contra Mendoza, frente a la Corte Suprema, con el objetivo de que sea resarcido el daño que se le causó a la provincia con el corte del río Atuel.

La Chadileuvú, una organización a la que no puede catalogarse ni de imprudente ni de buscar el escándalo mediático, hizo notar que el oficialismo quedó enfrascado en cierta soledad a la hora de diagramar su planteo, puesto que de alguna manera desatendió la postura de quienes vienen dando pelea desde hace largos años y conocen del tema de manera profunda.

Independientemente de la formalidad que significó que el estudio Badeni escuchara a los interesados que habían tenido algún papel, el Gobierno se enfrascó en sus propios intereses y posicionamientos, incluso dejando de lado a otras voces que podrían haber hecho aportes enriquecedores.
Otras circunstancias estimulan la confusión: el Gobierno decidió no ir en contra de Nación, pese a que se demostró la inacción del Gobierno central en todo este tiempo y a que la mayoría de los sectores interesados sugirieron también hacerle reclamos.

El paso del tiempo constituye otro elemento que estimula las sospechas respecto de la verdadera convicción que tiene el Ejecutivo para “poner toda la carne en el asador” a la hora de pelear por los derechos que a La Pampa le asisten sobre el Atuel.

Finalmente, es extraño el modo en que el Gobierno se comporta respecto de la demanda que ya dio pasos agigantados en cuanto a lo que un proceso judicial significa: la presentación del particular Miguel Palazzani es mirada de reojo y los funcionarios parecen de alguna manera ningunearla, o peor que eso, desaprovechar la ocasión de hacer escuchar los planteos neurálgicos que La Pampa tiene para hacer.

Es falso que se trate de un simple reclamo ambiental, puesto que la Corte convirtió el expediente en un proceso ordinario, que le otorga a la Provincia la inmejorable chance de incluir en sus planteos todo aquello que considere conveniente, sin necesidad de otro reclamo burocrático que necesariamente llevará mucho tiempo y quedará atado a los vaivenes de los intereses políticos.

Los funcionarios provinciales no pueden mirar esa situación con indiferencia, puesto que tienen la obligación de sacar provecho de ese escenario en beneficio de los intereses pampeanos, y en confrontación con el Estado mendocino, que sí ha puesto toda la carne en el asador diagramando una estrategia conjunta, unificando posturas e ideas y preparándose seriamente para cuando llegue la audiencia en la Corte.