Dejó un "tendal" y admite que debe $3 millones

Los dueños de Tito Construcciones, Héctor Armando Torrez y José Luis Díaz, al pedir el concurso preventivo de la empresa y de ellos mismos, trataron de demostrar en la justicia que son insolventes, entre otras causas, porque el Banco de La Pampa les cerró dos cuentas corrientes donde los saldos deudores eran sumas mínimos, 139,72 y 1.745,69 pesos respectivamente. Además declararon un capital de 209.281 pesos y una deuda impaga a 47 acreedores de 2.979.419 pesos, aunque la sumatoria de los capitales particulares y los de la constructora da 5.246.000 pesos.
El juez Evelio Santamarina acaba de abrir el concurso -solicitado el 27 de julio- y ya fijó el próximo viernes 31 como fecha para sortear al síndico. Después, los acreedores tendrán plazo hasta el 21 de noviembre para verificar sus créditos. En ese listado figuran reconocidos comercios y firmas santarroseños, el ex diputado del PJ, Luis Alberto Galcerán, el futbolista Ricardo Corcuera, Forestal Pico, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el gremio de la construcción (Uocra), el BLP, la Municipalidad de Alpachiri y la Asociación Mutual Ferro de General Pico, entre otros.
Torrez y Díaz, que declararon como actividad de Tito Construcciones el "desarrollo de la obra pública" le echaron la culpa de su insolvencia al gobierno provincial por el atraso en los pagos y al gobierno nacional por la inflación y el alza de los costos laborales.
La constructora fue creada el 31 de diciembre de 2009 "como continuidad de la Empresa Constructora Tito" (propiedad exclusiva de Torrez, de 52 años), con un capital social de 50.000 pesos, aportados en partes iguales por ambos socios. El objeto de ella es construir viviendas y efectuar reparaciones en general, según se desprende del expediente que se tramita en el Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras 1.
Díaz, de 48 años, es el ex secretario de Gobierno de Victorica, que en 2002 fue condenado junto al ex intendente justicialista, Máximo Eduardo Guzmán, por el fraude cometido con dineros públicos del Programa de Entrenamiento Ocupacional (Preno). Aunque debió ir a prisión porque le habían dado cuatro años, un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal lo benefició al bajarle la pena a tres y dejarla en suspenso.


Patrimonios.
En la causa consta una manifestación de bienes de la empresa al 30 de junio pasado. Allí dice que no había fondos ni en cajas de ahorro ni en cuentas corrientes del BLP y tampoco ahorros en moneda extranjera, pero sí créditos a cobrar por 2.991.891,97 pesos.
¿Cómo llegó a esa cifra? De acuerdo a los concursados, el Estado les adeuda 265.000 en certificados de obra vencidos; 900.000 por redeterminaciones de precios por 111 casas del Programa de Mejoramiento Ambiental (Promeba), 600.000 por redeterminaciones por 85 viviendas del Promeba en Santa Rosa; y 150.000 redeterminaciones por 35 casas del Promeba en General Pico. También adujeron la falta de pagos de obras en ejecución: 450.000 por ambos Promeba de Santa Rosa, 581.591,97 por el salón de usos múltiples de Luan Toro y 45.300 por materiales en depósito.
Un detalle: el contador Hugo Ariel Irastorza al certificar los datos, dejó constancia de que como la información contable surgió "de los libros rubricados" y no hubo auditorías, no podía dar certeza de que estuvieran incluidos "todos los bienes y deudas".
En el expediente están incorporadas las notas del Banco de La Pampa notificando a Torrez del cierre de dos cuentas corrientes. Una, con un saldo deudor de 139,72 pesos, "por la inclusión de los integrantes en la central de cuentas corrientes inhabilitadas" y otra, con un saldo deudor de 1.745,69, por "quince rechazos por insuficiencia de fondos en el año".
Tito Construcciones declaró que tenía cinco empleados en actividad -con salarios de entre 1.665 y 3.963 pesos en junio-, aunque ninguno con relación de dependencia.
¿Qué patrimonio declararon los empresarios? Torrez -que dijo vivir en Mariano Rosas 46, la misma dirección que Tito Construcciones- declaró dos inmuebles por 445.500 y 490.000 pesos, una camioneta Toyota Hilux doble cabina 3.0 TDI modelo 2009 por 145.000 y una Ford F-1000 modelo 1993 por 70.000. Así totaliza un activo no corriente de 1.388.500 pesos.
Como también tiene un pasivo de 145.469,29 pesos, el capital final a favor es de 1.243.030,71. Las deudas incluyen 36.000 pesos de una hipoteca, 15.481 al fisco, 58.000 por créditos prendarios, 19.000 por otra hipoteca y 16.987 por seguros de autos, pólizas y ART.
Díaz, en cambio, en su manifestación de bienes aseguró que no tiene deudas y que su capital asciende a 1.623.000 pesos. Está conformado por un inmueble valuado en 1.000.000 pesos; un terreno de 300 metros cuadrados, comprado en 2007, de 100.000 y tres vehículos: una Toyota Hilux 4x2 modelo 2009 de 135.000 pesos, un Ford Fiesta Max modelo 2009 de 50.000 y un Aveo modelo 2011 de 30.000 (éste último está mitad a su nombre y mitad a nombre de Ivana Anabella Torrez Miranda, una de las empleadas de la constructora). A ellos se le suman bienes de uso por 238.000 y un crédito "de la profesión" de 10.000 pesos.
El ex secretario condenado dio como domicilio -en la primera foja del expediente- Entre Ríos 48, en Santa Rosa, aunque también aparecen otros dos (Entre Ríos 154 y Oliver 272).
Ambos, además, declararon poseer máquinas, herramientas, muebles y útiles por 2.380.000 pesos. Los bienes son compartidos porque Torrez y Díaz presentaron el mismo listado. Ese monto, sumado a los patrimonios propios, da un capital total de 5.246.000 pesos. La empresa, ante la justicia, afirmó que el capital es de 209.281,58 pesos.
A su vez declaró un pasivo de 2.782.610,39 pesos, conformado así: deudas con los proveedores (1.580.931,36), Banco Pampa (100.000), AFIP y Unión Obra de la Construcción (158.506,03) y otras como ART, pólizas y Ministerio de Trabajo (41.173).

Argumentos.
El concurso abarca a Empresa Constructora Tito, a Constructora Tito Sociedad de Hecho y a Torrez y Díaz, y en los fundamentos del pedido de concurso preventivo los empresarios dijeron que cayeron en cesación de pagos porque "es sabido la existencia de inconvenientes económicos-financieros de las empresas constructoras en el país, dentro de un contexto inflacionario que erosiona la actividad y su rentabilidad, desvirtuando los precios determinados al momento de las licitaciones. A ello se suma la constante alza de los materiales, salarios y cargas sociales y los certificados de obra vencidos y no percibidos". La firma dijo que su "actual estado de insolvencia" se debe además a "la imposibilidad de cubrir los cheques librados y el cierre de las cuentas corrientes".
En la parte final -llamativamente, al menos para el sentido común- los concursados expresaron que la empresa "no lleva balances ni estados contables en legal forma, dado su carácter de sociedad irregular (sic)" e informa que tiene cinco demandas de Forestal Pico, Corcuera, Lía Mendaña, Carlos Rubén Fernández y Horacio Valenzuela.
Santamarina dictó una inhibición general de bienes para tratar de resguardar el cobro de las deudas de los acreedores y les prohibió a Torrez y Díaz salir del país sin autorización.
Tito Construcciones está afrontando, además, una investigación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas porque la comisión vecinal de Villa Germinal denunció que cometió varias irregularidades en las viviendas del Promeba de ese barrio.